Los más de 250 taxistas integrados en las asociaciones mayoritarias de Ibiza, Sant Antoni y Sant Josep, deberán cambiar los aparatos que instalaron hace apenas un año para utilizar el sistema de seguimiento y control por satélite mediante GPS. Los taxistas detectaron hace meses que la alternativa tecnológica elegida por estas patronales, de la marca Trilogic, registraba problemas de posicionamiento y no localizaba bien vehículos en ciertas partes de la isla, sobre todo en la ciudad de Ibiza.
Los profesionales de Santa Eulària y Sant Joan, junto a algunos más de Ibiza, utilizan otro sistema de GPS desde hace ya varios años.
El presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos del municipio de Ibiza, Alejandro Cardell, confirmó este cambio obligado en todos los vehículos y lo atribuyó a una «mejora tecnológica». «El sistema tenía pequeños problemas de posicionamiento y hemos decidido dar un salto tecnológico», añadió.
Este «cambio tecnológico» obliga a retirar las pantallas instaladas en los vehículos, ya que al parecer la marca Trilogic no fabrica recambios. A partir de ahora, los taxistas utilizarán un «teléfono móvil» con la aplicación del sistema de localización por GPS. El problema es que este nuevo dispositivo requerirá de un desembolso por licencia de 306 euros más el IVA. Un gasto que los profesionales deben afrontar poco después de invertir cada uno 1.000 euros (600 euros en el caso de las estacionales) además de otros 150 euros para la instalación de los aparatos en sus vehículos.
Por otra parte, la conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Govern balear ha iniciado los trámites para remitir al Consell Consultiu la orden que dictó el 20 de mayo de 2013 de régimen de carga y descarga y de la tarifa única del taxi en Ibiza, que fue declarada «nula y disconforme a Derecho» en sentencia por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears.
El fallo del tribunal, dictado el pasado 3 de marzo, tumbó esta orden precisamente porque durante su tramitación el organismo responsable, la conselleria del Govern, según el Consell, obvió el trámite de un informe preceptivo del Consell Consultiu.
El fallo, contra el que cabía recurso, no obligaba a retirar la tarifa de 2014 a pesar de que ésta se elaboró a partir de la de un año antes, que es la anulada por el TSJB. El Consell todavía no ha aprobado la de este año, lo que hará si el sector se lo demanda.
