La causa por las obras ilegales de Tagomago se inició a raíz de una denuncia en los juzgados de la conselleria balear de Medio Ambiente en 2008. El entonces jefe de sección del servicio de planificación y proyectos de la conselleria consideraba en un informe que «la supervivencia de las especies de interés comunitario presentes en el LIC y ZEPA de Tagomago es incompatible con la transformación radical del medio que han supuesto las actuaciones detalladas en los escritos de los agentes de Medio Ambiente».
Este técnico actuó de perito en la causa y en 2012, cuando ya no ocupaba el mismo puesto en la conselleria, presentó un nuevo informe de ampliación sobre los supuestos daños ambientales en el islote. En su escrito el técnico indicó al juez que había sido «expulsado de forma torticera» de toda responsabilidad en el subcomité de Red Natura 2000. Como su sucesor en el puesto presentó en el juzgado un informe totalmente contrario al anterior, ante dicha contradicción, el juez decidió inicialmente archivar el delito contra el medio ambiente. Sin embargo, a petición de la Fiscalía, el juez ha rectificado y los dos acusados serán juzgados también por los posibles daños causados a los recursos naturales.
