La coordinadora de los barrios de la Marina, sa Penya y Dalt Vila, de cuyos servicios prescindió el Ayuntamiento de Ibiza hace unos días tras constatar que su actividad se estaba desarrollando de manera irregular, estuvo 28 años trabajando para el Consistorio sin contrato. El concejal Juan Flores, responsable de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, señaló ayer que esa mujer comenzó a cobrar del Ayuntamiento en 1987. En aquel momento presidía la Corporación el socialista Enrique Mayans, pero desde entonces el Consistorio ha tenido otros seis alcaldes y alcaldesas, del PP y del PSOE. Todos mantuvieron esta colaboración hasta que el mes pasado los reparos de Intervención al pago de unas facturas evidenciaron lo anómalo de su situación y trascendió a los medios de comunicación, tras lo cual la alcaldesa, Virginia Marí decidió prescindir de sus servicios.
Flores respondió durante el pleno a las preguntas del portavoz de EPIC, Toni Villalonga, que mediante una moción de control quiso saber cuándo comenzó la relación entre la coordinadora y el Consistorio, a qué concejalía estaba adscrita, cuál era el contenido del informe solicitado al departamento de Recursos Humanos y si existía un registro para controlar las tareas realizadas por esta persona. Tras bromear sobre la avalancha de voluntarios para convertirse en coordinadores de sus barrios por 2.000 euros al mes, Villalonga recriminó que el informe se solicitara después de haber pagado a la vecina de sa Penya tres facturas (correspondientes a tres meses del pasado verano) y no antes.
Flores, que aseguró que las cantidades cobradas por la asesora fueron variando a lo largo de los años, se comprometió a entregar posteriormente al portavoz de EPIC el importe total de lo facturado desde 1987.
Informe verbal
En cuanto al informe de Recursos Humanos, aseguró que éste se realizó verbalmente debido a la saturación de los técnicos. En cuanto al cometido que desarrollaba esta «coordinadora», el edil aseguró que se reunía quincenalmente con la Policía Local y con los concesionarios de los servicios de limpieza y agua, además de otras cuestiones. El concejal del gobierno municipal señaló que las únicas tres facturas abonadas por su equipo (mediante decreto de alcaldía) se pagaron por desconocer que no existía contrato y presuponiendo que sí lo había al tratarse de una persona que llevaba 28 años en el Ayuntamiento. Flores no explicó si había algún registro o control de las actividades de esta empleada y Villalonga insistió en la naturaleza de la relación con ella: «¿Era laboral o mercantil? Porque no figura en la declaración anual de operaciones con terceros del Ayuntamiento».
La alcaldesa, irritada por la insistencia del edil, explicó que esas facturas se les «colaron» porque acababan de llegar al Consistorio y no eran conscientes de la situación. Además pidió a Villalonga que utilizase la misma vara de medir para sus propias facturas, en relación a los vínculos profesionales que el empresario mantuvo con el Consistorio antes de ser concejal. Después de que el aludido animara a la alcaldesa a denunciarle si consideraba que había hecho algo «irregular», le recriminó que hiciera «insinuaciones tan alegremente» y Marí se disculpó.
El pleno rechazó gracias al voto de calidad de la alcaldesa una moción socialista para pronunciarse en contra de la Ley de Emprendedores, por entender que afecta al deporte base. Sí fue aprobada, pese a la abstención del PP, la moción de Carmen Boned para realizar diversas mejoras en el barrio de Can Misses.
Marc Costa lamentó que la inspección técnica para edificios de más de 50 años siga pendiente en Vila, a pesar de que es obligatoria desde 2011. Flores le recordó que los progresistas empezaron a hablar de ella en 2010 y en 2011 aún no habían logrado ponerla en marcha y añadió que su equipo ha contratado una consultoría para que les asesore sobre cómo implantar esta inspección. Su respuesta indignó a Costa porque supone la constatación de que la ordenanza no estará lista en este mandato.
