La Asociación de Apartamentos Turísticos (Aptur) de Ibiza y Formentera, formada por alrededor de 200 miembros, exige a las instituciones que legislen sobre esta oferta. Dos de sus impulsores, Carlos Roig y Mario Alonso, aseguran que el 25% de los turistas que visitan las Pitiusas escogen ya este tipo de alojamiento y lamentan que sus propietarios no puedan «regular» esta actividad y estén «proscritos». De momento, la asociación, incluida en la agrupación balear y en la federación nacional (Fevitur) ha solicitado reunirse con el conseller balear de Turismo, Jaime Martínez, y la consellera insular, Carmen Ferrer, y tienen pensado presentar su propuesta también a la Cámara de Comercio y la Pimeef.

«Hay que legalizar y regular los alquileres turísticos para evitar males mayores», apunta Alonso, que explica que la asociación surgió en noviembre de 2014. «Sería beneficioso para las islas», añade Roig, que destaca que este alojamiento facilitaría la desestacionalización y alargar la temporada. «Los apartamentos están siempre disponibles. El propietario siempre tiene las llaves a punto. El turista puede venir en cualquier momento porque, a diferencia del alojamiento convencional, la oferta es la misma en agosto que en febrero», afirma. De hecho, está convencido de que si la gente comienza a viajar a la isla entre octubre y mayo las aerolíneas aumentarían la actividad. «Es la pescadilla que se muerde la cola. No hay vuelos porque todo está cerrado y todo está cerrado porque no hay vuelos», indica.

Además, asegura que beneficiaría también a la oferta complementaria (supermercados, restaurantes, tiendas, bares, locales de ocio...) ya que los turistas que se alojan en apartamentos no cuentan con comida o diversión en ellos. «Es todo lo contrario al todo incluido», reitera. Alonso y Roig señalan también que la legalización y regulación impulsaría la creación de empleo, ya que tendrían que contratar personal de limpieza y que les ayudara en la gestión de los alquileres.

La asociación propone que, de momento, se aplique en las islas la regulación que está en vigor en estos momentos en Cataluña y que, más adelante, se vaya adaptando a las necesidades propias. Insisten en que si la actividad estuviera regulada los propietarios de alquileres turísticos pagarían «un 35%» de impuestos que revertirían en las arcas públicas y que, además, los turistas tendrían todas las garantías de que es un alojamiento regulado. Además, la asociación se compromete a velar por la calidad de las viviendas que se ofrezcan en el mercado y a denunciar los casos que conozcan de propietarios que estén alquilando pisos y apartamentos a los turistas sin declarar.

Alonso critica que, según la normativa actual, los únicos que pueden alquilar viviendas turísticas son los propietarios «de villas y chalés» y denuncia que un hotelero puede ofrecer no sólo las habitaciones de su establecimiento sino también de otros inmuebles que se encuentren en los alrededores.

Los portavoces de la asociación insisten en el «atraso» de Balears en cuanto a regulación de los alquileres turísticos, situación que, consideran, no se corresponde con la actividad de las islas. Ambos consideran que esto se debe al «lobby de los hoteleros» y la «presión» que realizan sobre las instituciones. «Creen que les quitaremos clientes, pero no será así. Piensan que les quitaremos parte del pastel, pero no se dan cuenta de que el pastel es mucho más grande que antes», apunta Roig.