Más de un centenar de profesionales del taxi agrupados en cinco asociaciones de Santa Eulària, Sant Joan, Sant Antoni (autónomos del taxi) y Vila (Asociación de taxistas profesionales y Unió Pitiusa del Taxi), han suscrito un documento que presentarán a todos los partidos políticos que concurran a las próximas elecciones de mayo en el que solicitan, entre otras cosas, que se implante en la isla un único sistema de localización vía satélite por GPS de los vehículos y que la competencia para otorgar licencias fijas y estacionales siga en manos de los ayuntamientos.

Estos propietarios de licencias están enfrentados a las asociaciones que han puesto en marcha y explotan el segundo sistema GPS que funciona en la isla (el primero lo instalaron precisamente los profesionales de Santa Eulària y Sant Joan).

En su primer punto, la propuesta de los taxistas incide en la «mejora de la coordinación intermunicipal» de este servicio público mediante dos vías: «Modificar la orden de recogida de viajeros (€) para poder ofrecer un servicio de ámbito insular sobre todo en los meses de temporada alta y adaptarla a las necesidades actuales», y mediante la «implantación de un mismo sistema de comunicación vía GPS a todos los taxis de la isla regulado por el Consell (€) con la participación y aprobación de todos los ayuntamientos».

En otro punto, consideran que la competencia en la concesión de «licencias fijas y estacionales debe seguir siendo municipal», y proponen que el Consell «elaborará un informe vinculante sobre las necesidades del servicio a nivel insular para la obtención de la autorización correspondiente».

También instan a «revertir en la mejora de las infraestructuras asociadas al servicio» los ingresos de cada ayuntamiento en la adjudicación de licencias, y reclaman que «en los meses de temporada baja, los taxis domiciliados en cada municipio tienen que ser suficientes para cubrir sus respectivas necesidades». Consideran todas estas medidas «fundamentales para disminuir la oferta ilegal».

Ordenar las paradas

Además, piden a las administraciones que ordenen las paradas en las que existe gran demanda porque en ellas, «el servicio del taxi está sometido a las directrices de intereses privados que fomentan el uso del transporte ilegal».

Por último, estas asociaciones reclaman a las administraciones que «continúen persiguiendo y sancionando toda oferta ilegal en este sector».