El Ayuntamiento de Ibiza decidió ayer plantarse y oponerse de nuevo a la construcción de un edificio de servicios sobre el Martillo. Como respuesta, la Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha anunciado que no derribará la actual estación ni acometerá obras en esta zona del puerto, aunque sí continuará con las iniciadas en los muelles. Asimismo, un portavoz de este organismo anunció que, como consecuencia del rechazo a esta edificación, se ven obligados a suspender -«dejar en stand by»- el concurso de gestión de los amarres para yates de gran eslora.
«Ya se habían realizado las valoraciones de las dos propuestas presentadas y estábamos a la espera de saber qué ocurriría con el edificio para proceder a la adjudicación. Eso lo vamos a parar», advirtió este portavoz tras señalar que renunciar al polémico edificio en el Martillo supone modificar las condiciones del concurso por lo que los servicios jurídicos de la APB deben estudiar ahora si es necesario anular el procedimiento o se pueden modificar las condiciones publicadas.
Documentos provisionales
La junta de portavoces del Ayuntamiento de Ibiza, en la que están representados todos los grupos municipales y los concejales no adscritos Marienna Sánchez-Jáuregui y Juan Daura, se reunió ayer para analizar dos documentos provisionales. El borrador de la Propuesta de Delimitaciones de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Ibiza quedó sobre la mesa ya que se trata de un texto extenso que todos quieren estudiar detalladamente antes de pronunciarse, por lo que se reunirán de nuevo la semana próxima para contrastar sus propuestas. El segundo documento, ´Proyecto de mejora y condicionamiento de los muelles sur del puerto de Ibiza: nuevo edificio de servicios en el contramuelle´, provocó una reacción unánime. Todos los concejales, incluidos los del equipo de gobierno, rechazan el edificio tras ver los planos y descubrir que buena parte del espacio se dedicará a locales comerciales. El actual equipo de gobierno, como ya hicieron en su día Pilar Marí y sus concejales, había aceptado hasta la fecha la construcción de ese edificio como una condición irrenunciable para la APB.
Sin embargo, la posición del gobierno municipal ha cambiado tras conocer el proyecto concreto y se suma ahora a la oposición, que considera que los locales comerciales supondrán una grave competencia para los negocios de la Marina que llevan años sumidos en su propia crisis. El presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Pons, en cambio, siempre ha defendido que la implantación de nuevos negocios sería positiva y atraería visitantes al puerto.
La junta de portavoces acordó ayer recordar a la APB los tres acuerdos plenarios existentes (dos de ellos por unanimidad) en los que se exige que el Martillo quede diáfano y se convierta en una plaza o espacio público recuperado para la ciudad.
«Es irrenunciable»
Marí remitió ayer mismo una comunicación a Pons para informarle de lo decidido y la reacción desde Puertos fue inmediata y contundente. La amenaza de no derribar la vieja estación, sin embargo, era anterior ya que durante la junta, antes por tanto de que la APB conociera la decisión de Vila, la alcaldesa ya comunicó a los presentes que el organismo portuario había advertido de que mantendría la deteriorada construcción actual si la institución se oponía al nuevo edificio de 600 metros cuadrados.
«Siempre, desde el principio, dijimos que el edificio es un servicio del puerto y que el puerto no puede trabajar en contra de sus intereses», reiteran desde la Autoridad Portuaria. Sobre la existencia de varios locales comerciales en el edificio, como asegura la oposición, Puertos se niega «a entrar en ese juego»: «Desde el principio dijimos que el edificio era necesario. Es irrenunciable». El portavoz de la APB calificó de «impredecible» el actual mandato en Vila y se preguntó «de qué sirve llegar a un acuerdo hoy si dentro de 15 minutos vendrá [el Consistorio] con otro posicionamiento».
En cuanto a la situación en la que quedan los amarres para grandes esloras la próxima temporada turística, desde la APB apuntan la posibilidad de prorrogar la autorización de ocupación temporal por un año que explota el actual gestor.
