La alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez, ha sido citada a declarar como imputada por la juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, María Luisa Bustillo, tras admitir a trámite una querella de Subsuelos Urbanos S.L., la empresa concesionaria del aparcamiento subterráneo de la plaza de España, por supuesta prevaricación urbanística y malversación de fondos públicos.
Gutiérrez declarará en el juzgado el 18 de mayo, seis días antes de las elecciones municipales y autonómicas. Pese a su interés en ser de nuevo la candidata a la alcaldía, el PP de Sant Antoni se lo ha impedido y, como compensación, ha decidido que vaya en la lista al Parlament. Hace cuatro años el presidente regional del PP, José Ramón Bauzá, vetó la presencia de las personas imputadas en las candidaturas electorales, lo que impidió que el senador José Sala (el ahora candidato a la alcaldía) encabezara la lista al Consell por estar entonces imputado por el caso de ses Variades. Por los escasos días que hay entre su declaración en el juzgado y las elecciones, Gutiérrez también llegará probablemente imputada a la cita con las urnas.
Prevaricación y malversación
Los concejales de Hacienda y Turismo y de Urbanismo, Vicent Ribas y José Torres, respectivamente, también han sido citados a declarar como imputados el mismo día al ser denunciados en la querella presentada por la empresa concesionaria del aparcamiento.
Pedro Espigares, representante legal de Subsuelos Urbanos S.L., explica que la querella por presunta prevaricación administrativa se debe al hecho de que hay una ordenanza municipal (también el plan urbanístico) que determina que los aparcamientos públicos han de reunir una serie de requisitos y la propia alcaldesa ha reconocido que «no se cumplen». Se refiere, por ejemplo, a las declaraciones de Gutiérrez a este diario en las que, al ser preguntada sobre los parkings disuasorios que no cumplen la normativa, dijo: «Habrá que incumplirán y otros que no. Tal cual lo digo», señaló, para agregar acto seguido: «Habrá que arreglarlos y que cumplan, pero de momento seguirán dando el servicio que ofrecen a los ciudadanos».
El cierre de aparcamientos
Espigares culpa al Ayuntamiento del «desastre económico» de la explotación del aparcamiento, que se ha visto obligado a cerrar, por su falta de colaboración y negativa a prohibir el uso de los solares que «no cumplen las condiciones que marca la normativa urbanística» para ser utilizados como aparcamiento disuasorio, pese a que, según dice, tanto el anterior alcalde José Sala como la actual, Pepita Gutiérrez, «se comprometieron a hacerlo». Gutiérrez lo niega.
En cuanto a la supuesta malversación, el querellante alega que el Consistorio no cobra el Impuesto de Bienes Inmuebles a los propietarios que ceden sus terrenos para que se usen como parkings disuasorios. «Eso supone una presunta malversación porque el Ayuntamiento deja de ingresar un dinero para una cosa que es ilegal», justifica Espigares.
La alcaldesa reconoció también a este periódico que los titulares de los terrenos no pagan impuestos y que dicha cuantía asciende a 60.000 euros al año. «Es como si el Ayuntamiento pagara un alquiler», justificaba Gutiérrez. Precisamente, la normativa urbanística también señala que «el hecho de que un solar se destine a aparcamiento no le exime de la obligatoriedad del pago de tasas, arbitrios e impuestos». La alcaldesa explicó, al ser preguntada por este periódico tras el cierre del aparcamiento subterráneo de la plaza de España, que los contratos suscritos «hace años» con los propietarios de los terrenos son anteriores a su gobierno y que si cobrara los impuestos que corresponden, el Ayuntamiento tendría que pagar la misma cantidad por el uso de dichos solares como parking.
