El Parlament balear está tramitando, a instancias del grupo Popular, una ley para establecer un régimen sancionador para el arrendamiento de embarcaciones de tipo turístico en general y otras actividades náuticas, desde escuelas de buceo hasta el alquiler de piraguas o de barcas en las playas. Está previsto que la normativa se apruebe antes de las próximas elecciones. Las infracciones graves irán de 500 a 5.000 euros y las muy graves oscilarán entre los 5.000 y los 60.000, según figura en el texto que está tramitándose en la Cámara autónoma.
Aunque la proposición de ley no cita en ningún momento los barcos discoteca -que precisamente es la oferta náutica más controvertida y polémica de las que han surgido en los últimos años- sí afectaría a este tipo de embarcaciones una de las infracciones catalogadas como muy graves: la superación del número máximo de pasajeros legalmente autorizados a bordo.
«Arrendamiento»
El diputado del PSOE balear Damià Borràs señaló que «esta será la única vía por la que se podrá enganchar a los party boats», puesto que la nueva ley solo alude al «arrendamiento de embarcaciones de ocio», y en el caso de un barco discoteca «solo se alquilan las plazas, no el barco; es como si fuera un autobús: solo se alquilan los asientos».
Los socialistas, que tampoco han presentado ninguna enmienda para incluir expresamente los party boats, sí han propuesto que se pueda inmovilizar una embarcación siempre que pueda causar un perjuicio relevante a la calidad turística de las islas. El propio Borràs dudó de las posibilidades de éxito de su enmienda.
El parlamentario del PSOE dudó de la eficacia del nuevo régimen sancionador, pues, aparte de que las multas «no son muy elevadas», el Govern carece de los medios adecuados para inspeccionar y vigilar este tipo de negocios. «Si no somos capaces de perseguir cosas muy flagrantes que pasan en los puertos, ¿cómo vamos a perseguir el alquiler de piraguas en una playa?».
También se considerará infracción muy grave la práctica de buceo recreativo en zonas protegidas o impartir clases de buceo en centros no autorizados, además de incumplir las limitaciones de profundidad en la práctica de submarinismo.
El PSOE, que ha presentado hasta 47 enmiendas, además de ocho de Més, afirma que decidirá el sentido de su voto en función del grado de propuestas que le acepte el PP. «Esta ley peca más por lo que le falta que por lo que tiene», manifestó el diputado menorquín Damià Borràs.
