­El Consell de Ibiza da por perdido el cobro de 1,2 millones de euros de derechos reconocidos entre los años 2005 y 2010, de los cuales 465.000 euros se corresponden al impago de sanciones de transporte, fundamentalmente por los llamados taxis pirata, pesca y patrimonio, pero también de tasas de extinción de incendios y turismo, entre otros. Ante la imposibilidad de hallar al deudor o cuentas para proceder al embargo, el último pleno del año del Consell acordó ayer, con la abstención de PSOE-Pacte, dar de baja esta partida por ser «improbable» su ingreso.

La mayor cuantía, que asciende a un total de 784.000 euros, se corresponde con dos convenios firmados en 2005 y 2006 con el Instituto Balear del Agua y la Energía y con la Comunitat Autònoma cuyo «derecho a cobro ha prescrito». El equipo de gobierno no pudo aclarar ayer el objeto de los convenios y si, en su día, se llegaron a ejecutar.

El conseller de Economía, Álex Minchiotti, explicó que los técnicos han hecho «una depuración muy importante» de las cuentas de la institución por «el problema del cobro de multas y tasas cuando se supera el periodo voluntario de pago». Minchiotti reconoció que el Consell no dispone de «una estructura de recursos materiales ni humanos suficiente para perseguir a los deudores» y que por ello, y dado que el porcentaje de impagos es «demasiado alto», la institución firmará en enero un convenio con la Agencia Tributaria para que sea este organismo el que «persiga» a los deudores una vez superado el periodo voluntario de cobro.

Coste justificado

El presupuesto del Consell del año que viene contempla una partida de 200.000 euros para este convenio, con una vigencia de un año. Minchiotti dijo que el acuerdo se rubricará en el momento que las cuentas de 2015 entren en vigor. Es «la primera vez» que el Consell recurre a la Agencia Tributaria, que percibirá los 200.000 euros previstos como una comisión, para mejorar el cobro de las sanciones y tasas, según Minchiotti, que explica que hay muchos ayuntamientos que también utilizan este servicio. «Es mucho mayor la recaudación que se puede obtener con este servicio que su coste», justifica el conseller, quien destaca que la cuantía de ingresos prevista por tasas y sanciones es «mucho más alta que hace unos años». Además, Minchiotti subraya que este impago supone «un agravio hacia los ciudadanos que sí pagan durante el periodo voluntario».

El pleno también aprobó, con la abstención de PSOE-Pacte, dar de baja una partida de 5.000 euros de los años 2011 y 2012, por «una duplicidad de ingresos».

Por otra parte, el Consell de Ibiza acordó ayer la relación definitiva de bienes y derechos afectados por la expropiación prevista en el proyecto de construcción de la travesía de Jesús y solicitar al Govern balear «la declaración de urgencia de la ocupación». El coste de las expropiaciones asciende a un total de 158.750 euros. Ahora se prevé el pago del 70%, mientras que el 30% restante se abonará en 2016.

Iluminación de Can Marçà

También se dio luz verde a la relación de bienes afectados por las expropiaciones del proyecto de iluminación del tramo de la carretera de Santa Eulària que discurre por el tramo de Can Marçà. Afecta a cinco fincas.

Asimismo, el pleno aprobó un reconocimiento extrajudicial de deuda por un importe de 166.634 euros que se corresponde al impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y otras cargas fiscales al Ayuntamiento de Ibiza desde el año 2009 hasta 2012. Minchiotti explicó, no obstante, que el Consistorio adeuda 266.781 euros al Consell, por lo que los pagos pendientes se compensarán y arrojarán un saldo positivo de 100.000 euros que Vila deberá pagar a la institución insular. El conseller de Economía aseguró que los pagos al Ayuntamiento, salvo las facturas citadas, actualmente están al día.