La residencia Can Blai se quedó casi medio día, entre la tarde del jueves y la mañana de ayer, sin agua caliente ni calefacción tras agotar el gasóleo. El Consell atribuyó la falta de suministro a «un problema puntual» y señaló que el corte duró «menos de 12 horas». Además, hoy está previsto que se provea a la residencia de gas propano, que en los últimos días ha funcionado «en reserva, bajo mínimos», según explicaron fuentes de la plantilla de la residencia. El equipo de gobierno destaca que la actividad de la cocina no se ha visto afectada en ningún momento.
La consellera de PSOE-Pacte Patricia Abascal denunció ayer en el pleno, en el que se debatió por la vía de urgencia la ratificación de la disolución del consorcio sociosanitario, que la residencia se había quedado sin agua caliente. Durante la sesión, el equipo de gobierno no dio ninguna explicación sobre ello.
Fuentes sindicales de Can Blai apuntan que nunca se había llegado a la situación de que, por falta de suministro de gasóleo, la residencia se quedara sin calefacción ni agua caliente. «Esto no puede pasar con personas. La situación es precaria, pero no se puede llegar a este extremo de dejadez», indicó una representante de los trabajadores, que subrayó, además, que el pasado 10 de diciembre los responsables de mantenimiento de la residencia avisaron a la dirección del centro y del consorcio de que era «inminente» que las existencias de gasóleo se agotaran.
«Equilibrios» para el día a día
El conseller de Economía, Álex Minchiotti, reconoce que la gerencia del consorcio tiene que hacer «equilibrios» para afrontar el día a día por las deudas que acumula este órgano que gestiona las residencias Can Blai y Can Raspalls. Precisamente, el Consell aprobó ayer, con el voto en contra de PSOE-Pacte, la ratificación del acuerdo de disolución de este ente (a partir del año que viene, aunque aún no hay fecha, el Govern debe asumir la gestión de todas las plazas residenciales de la isla, salvo las de Cas Serres) y, con ello, «desbloquear» una partida de un millón de euros del presupuesto de este año de la institución insular para pagar facturas a proveedores y las nóminas de los trabajadores.
Minchiotti destacó que al Consell le urge que se cierre la liquidación del consorcio, que está formado por el Govern y el Consell, y saldar la deuda que se arrastra (cada parte deberá aportar lo que le corresponda) y que condiciona la gestión diaria de las residencias. Acto seguido, una vez que la Comunitat Autònoma asuma definitivamente la gestión de las plazas de dependencia, el Consell «ya no tendrá ninguna responsabilidad económica, pero sí de control porque participará en la comisión que se creará y en la que se tomarán las decisiones», según Minchiotti.
La junta rectora del consorcio ya tiene sobre la mesa una propuesta de la cuantía que el Govern balear y el Consell han de pagar para liquidar este órgano de gestión y disolverlo. Sin embargo, el conseller de Economía rehusó explicar las cuantías que se han pactado. «Lo diremos cuando lo acuerde la junta rectora, lo cual será en la próxima reunión», se limitó a decir.
Si en enero no se zanja este asunto, el Consell y el Govern deberán firmar un nuevo convenio para seguir financiando el servicio.
El pleno del Consell ya aprobó en mayo del año pasado la disolución del consorcio, pero Minchiotti indicó que «se ha tardado tanto» en ratificarlo para «blindar al personal», de cara a la próxima privatización de la gestión de las residencias, con la negociación del convenio laboral, que se firmó hace dos meses. En todo caso, puntualizó que por la llamada Ley Montoro el consorcio, a efectos prácticos, quedó disuelto en junio de este año.
