El magistrado José Espinosa, instructor de la causa por el millonario robo en la sede del Grupo Matutes, ha acordado solicitar a Asuntos Internos de la Policía, a petición de la defensa de uno de los acusados, que amplíe la investigación sobre el protocolo seguido en la comisaría de Eivissa respecto a los paquetes de dinero recuperados. El Grupo IV de la Unidad de Asuntos Internos ya emitió en febrero un informe en el que constataba irregularidades en la investigación del robo, que se sintetizaban en tres puntos: la ausencia de inspecciones oculares en los lugares en los que apareció el botín, el insólito hecho de que se devolviera el dinero inmediatamente a representantes de la empresa y la falta de una investigación que aclarara por qué la empresa había denunciado la desaparición únicamente de 187.810 euros para ir ampliando la cantidad denunciada a medida que el dinero aparecía, hasta llegar a 2.767.000 euros.

La defensa de José Joaquín Fernández, uno de los dos policías acusados del robo y el único que niega su participación en el mismo, solicitó en el mes de junio toda una serie de pruebas para aclarar, básicamente, si la custodia de los fajos de dinero fue la adecuada y si lo fue también la obtención de la huella de su cliente de una de las bolsas de plástico en las que estaban envueltos. Entre la lista de pruebas propuestas entonces, y ahora consideradas pertinentes por el magistrado, la defensa quiere saber si, además de las irregularidades apreciadas por Asuntos Internos, también lo es que varios de los policías que intervinieron se fotografiaran con el dinero recuperado «y qué consecuencias, desde la praxis policial y procesal, conlleva».

La fotografía con el dinero

De hecho, muchos de los puntos de la petición de pruebas hacen referencia a esta fotografía, aportada a la causa y en la que aparecen nueve agentes, entre ellos el jefe de Policía Judicial (jefe accidental de la comisaría en el momento del robo) y los jefes de Seguridad Ciudadana y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, en actitud triunfante junto a los fajos de dinero expuestos sobre una mesa. El objeto de estas peticiones es intentar invalidar las pruebas presentadas por los investigadores para incriminar a Fernández.

Asimismo, el juez, en el mismo auto, fechado el pasado día 13, acuerda requerir «a la parte denunciante para que aporte copia de toda la documentación remitida a la compañía aseguradora, pues la reclamación aseguratoria, según su importe, puede darnos información de la cantidad realmente sustraída». Con ello, el juez revela que en estos momentos la causa no ha permitido ni dilucidar aún la cantidad exacta robada en la sede del Grupo Matutes. De hecho, Espinosa muestra sus dudas sobre este aspecto en varios escritos a lo largo de la causa, e incluso puede leerse, en un auto de diciembre de 2013, que «es obvio que una importante cantidad de dinero ha desaparecido, pero sigue resultando oscura y nada esclarecedora la postura de la empresa en cuanto al importe de la sustracción».

Aunque el informe elaborado por Asuntos Internos, a pesar de los defectos que apunta en la investigación, no aprecia «ningún tipo de infracción penal cometida por los funcionarios» que participaron en las pesquisas, la defensa considera que no se ha afinado lo suficiente respecto a la forma en la que los paquetes de dinero circularon por la comisaría antes de contarse y entregarse a representantes de Empresas Matutes.

Concretamente quiere saber dónde estaban los paquetes de dinero antes de ser puestos sobre la mesa para la fotografía, ya que tal extremo no consta en ninguna parte, y también qué se hizo con los envoltorios de plástico en los que estaba el dinero, lo que tampoco se hace constar en parte alguna.

Aunque el juez acuerda solicitar un nuevo informe que aclare ese recorrido del dinero, dónde se encontró en todo momento, las circunstancias en las que se realizó la foto en cuestión y qué se ha hecho de los envoltorios, ha pospuesto la posibilidad de que el mismo equipo de Asuntos Internos tome declaración hasta a nueve policías que estaban en la comisaría la noche en la que se contaba el dinero. «Procede librar oficio al Grupo de Asuntos Internos de la Policía, con copia del escrito obrante a los folios 1.241 a 1.248 del Tomo V, con objeto de que averigüen sobre los extremos que en dicho escrito se indican, e informen al Juzgado, posponiendo la declaración testifical de los agentes de la Comisaría de Eivissa, a resultas, y en caso de ser necesario, del informe que aporte el Grupo de Asuntos Internos».

Más citados a declarar

Cuando se ha cumplido ya un año del robo a Empresas Matutes, perpetrado en la madrugada del 25 al 26 de octubre de 2013, el último auto del juez instructor también cita a declarar, para el próximo 23 de enero, al inspector jefe de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) y a un arquitecto que quiso mediar, con la ayuda de un abogado de Madrid que ya ha declarado, entre Matutes y el imputado José Joaquín Fernández, un día después de que éste fuera brutalmente agredido por dos hombres que inicialmente se hicieron pasar por guardias civiles. Le amenazaron con cortarle los dedos y, armados con un subfusil y una automática Glock, le reclamaron el dinero que faltaba. La finalidad de este testimonio es aclarar si el arquitecto intentó esa mediación por propia iniciativa o a instancias de algún responsable del Grupo Matutes.

El auto del juez, asimismo, revela que aún queda mucho que hacer antes de dar por cerrado el asunto y pasar a la siguiente fase. En dicho auto puede leerse, al hacer referencia a próximas declaraciones, que «en cuanto a las testificales y periciales para el mismo día, dependerá del calendario de señalamientos, próximo ya para fijarlos en 2016, dado el desbordamiento de asuntos».