El juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca ha confirmado la adjudicación del Grupo Playa Sol (GPS) a la compañía Hiperion, que venía gestionándolo desde hacía unos años y pasará a ser ahora la propietaria de la cadena.
De este modo, el juzgado desestima los recursos interpuestos contra esta adjudicación por otra empresa aspirante, Klebert Properties, de capital español, y la Seguridad Social. Mientras la primera consideraba que su oferta era más ventajosa que la presentada por Hiperion, la Seguridad Social discrepaba del reparto hecho de la deuda dejada por el anterior propietario, Fernando Ferré.
Fuentes de Hiperion mostraron su satisfacción por la decisión del juez de lo Mercantil de Palma, aunque admitieron que el auto emitido puede ser objeto de recurso ante instancias superiores, si bien sin tener capacidad para suspender los actos impugnados. Por ello, posibles recursos no afectarían a la organización ni al funcionamiento de Hiperion al frente del grupo.
Queda ahora pendiente la formalización definitiva de la operación de compra de Hiperion mediante la expedición de los correspondientes despachos, lo que significa la notificación a los registros correspondientes para la inscripción de los nuevos responsables de GPS.
En la operación, Hiperion asume «todos los contratos de trabajo, manteniendo íntegramente las condiciones y derechos de los trabajadores».
En el plan de viabilidad se contempla la subrogación de la deuda de GPS con garantía hipotecaria por más de 270 millones de euros, en manos de Banco Popular y Bankia. Hiperion resalta que se hará cargo de los créditos ante proveedores y acreedores, además de mantener todos los compromisos adquiridos con los clientes.
La operación de esta sociedad está participada también por la empresa Sunparty, de carácter inmobiliario, que aportará masa financiera y pagará 12,5 millones de euros. Con la operación, cerca del 90% de la masa de la deuda quedará solventada.
El Grupo Playa Sol estaba compuesto por una maraña societaria de 300 empresas distintas. La empresa, cuando estaba en manos de Fernando Ferré, falseaba el IRPF y el impuesto de sociedades, además de no tramitar los pagos a la Seguridad Social, entre otras muchas irregularidades.
Por este motivo, Fernando Ferré se encuentra en prisión cumpliendo una condena de siete años de cárcel por un total de 14 delitos fiscales y tres contra los derechos de los trabajadores. También debe pagar 22 millones de euros en concepto de multas e indemnizaciones al Estado.
