«Hoy el Consell y el Govern se han vuelto a equivocar, como cuando dieron la concesión de Can Blai de tan malos recuerdos. Han sacado un concurso muy malo para la residencia de Sant Antoni y solo se han presentado empresas problemáticas y se lo han dado a una de aúpa. No aprenden. Cuando las grandes empresas serias y los que somos del lugar no nos presentamos porque los precios son indecentes e impiden dar una mínima calidad a los residentes, van estos y olvidando la historia la vuelven a cagar...».
En estos términos se pronuncia a través de las redes sociales Francisco Vilás, presidente del Grupo Policlínica, que gestiona la única residencia de personas mayores privada de la isla (Sa Residència). Vilás admite que tenía interés en optar a la gestión de la residencia Sa Serra, en Sant Antoni, pero que ni su grupo empresarial, pese a que cuenta «con músculo financiero», ni «ninguna de las cuatro grandes empresas del sector en España» lo han hecho porque «con los precios ofertados por el Govern no se puede prestar una asistencia de calidad». «Es imposible. No salen los números», agrega.
La gestión de la residencia se ha adjudicado al grupo valenciano Novaedat por un periodo de dos años (abrirá el 1 de diciembre, de manera progresiva) con una posible prórroga de otros dos. Vilás recuerda «los problemas de pago» que ha tenido la empresa adjudicataria con la gestión de la residencia de Manacor, en Mallorca.
El presidente del Grupo Policlínica apunta que el problema de las condiciones del concurso público radica en la explotación de la lavandería, proyectada para dar servicio fuera de la residencia. El proyecto de la lavandería contempla crear un centro especial de empleo, con un total de 28 empleados, 20 de ellos con alguna discapacidad. Vilás apunta que la empresa adjudicataria tiene que pagar «cada año cerca de 300.000 euros por el uso y explotación de la lavandería», al margen de los gastos de mantenimiento. «Está condenado a fracasar con toda certeza. «¿Qué sucederá si no tienen clientes? Será un desastre anunciado», apunta el médico y empresario.
El recuerdo de Can Blai
Vilás indica que si la explotación de la lavandería es deficitaria, la empresa se verá obligada a «recortar» servicios. Así, recuerda que cuando se produjeron los problemas de la gestión privada de la residencia de Can Blai la empresa que la gestionaba compraba «una cuarta parte» de los pañales que utilizaba Sa Residència, cuando entonces esta tenía la mitad de residentes.
Vilás admite que los 75 euros mensuales por residente que ofrece el Govern es «un precio muy sensato», pero insiste en que la calidad del servicio finalmente «dependerá del funcionamiento de la lavandería». Además, apunta que difícilmente los trabajadores asumirán estar fuera del convenio laboral que regula el resto de las residencias públicas de la isla (la empresa adjudicataria no tiene la obligación de aplicarlo) y que supondría «un 50% más de gastos».
El presidente del Consell, Vicent Serra, defiende, en cambio, que la empresa adjudicataria «ha garantizado su solvencia» y capacidad para gestionar la residencia con «los estándares de calidad» que marca el Govern: «Estaremos encima para que sea así», apunta, al tiempo que resta importancia a los problemas de pago que ha sufrido la empresa adjudicataria: «Todas las empresas han pasado una época complicada [con la crisis]».
