La conselleria balear de Medio Ambiente está a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe la modificación del convenio de ejecución de obras hidráulicas en Balears para que se puedan reanudar y culminar las obras del anillo de distribución de agua potable en Ibiza, lo que permitiría abrir el grifo de las desaladoras a la zona sur de Sant Josep y el norte de la isla.
El conseller balear de Medio Ambiente, Gabriel Company, anunció el pasado mes de mayo el acuerdo alcanzado con el Ministerio para modificar el convenio (sustituir algunas obras previstas en Mallorca) para obtener de inmediato la financiación necesaria (1,6 millones de euros) para ejecutar lo que resta del anillo de agua de Ibiza: acabar la red de canalizaciones de la interconexión de las tres desaladoras.
Company dijo entonces que «en un par de meses» se podrían reanudar las obras. El Consell de Govern aprobó a principios de agosto la modificación del convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, que a su vez, según un portavoz de la conselleria, también le ha dado ya el visto bueno. Para completar el proceso administrativo, queda el trámite del Consejo de Ministros.
Acto seguido se podrán retomar los trabajos previstos, sin previa licitación, puesto que los llevará a cabo la misma adjudicataria del proyecto: la Unión Temporal de Empresas formada por las sociedades Vías y Obras Públicas S. A. y Copisa Constructora Pirenaica S. A.
Ocho meses más de obras
Inicialmente, el Govern tenía previsto que en septiembre el Consejo de Ministros diera luz verde a la modificación del convenio. Ahora la previsión es que lo haga antes de que acabe este año. Luego, el plazo de ejecución de las obras es de «ocho meses», lo que impedirá que estén listas antes de que se cierre esta legislatura.
La inyección de parte del caudal que producen las desaladoras de Vila y Sant Antoni mejorará la calidad del agua de la zona sur de Sant Josep (Sant Jordi y Platja d´en Bossa).
No obstante, fuentes de la conselleria advierten de que en los meses de julio y agosto, cuando se dispara la demanda, la producción de las plantas de Vila y Sant Antoni no resulta suficiente para suministrar también a otros municipios. Así, la solución definitiva pasa por la puesta en marcha de la desaladora de Santa Eulària, que sigue bloqueada, a pesar de que las obras de construcción culminaron hace ya dos años.
Las tres desaladoras
La producción de las tres desaladoras sí sería suficiente para suministrar agua desalada a Sant Josep y el norte de la isla durante todo el año.
El proyecto del anillo se inició en 2009 con un presupuesto de casi 10 millones y un plazo de ejecución de 17 meses. Las obras se paralizaron a finales de mayo de 2011 como consecuencia del encarecimiento de las mismas por una modificación del proyecto.
Este incremento, presupuestado en 1,6 millones, se corresponde solo a la instalación de nuevas canalizaciones para cerrar la red. Los depósitos ya están construidos.
Pese a la puesta en marcha de una desaladora móvil hace siete años en el Pou de ses Eres que suministra a la zona de Sant Jordi, este núcleo padece un problema histórico de salinidad, al igual que sa Carroca y Platja d´en Bossa.
Las quejas de los vecinos
Durante los últimos meses del año pasado la desaladora móvil se cerró por la reforma del depósito. El suministro de agua salada procedente de pozos y la falta de previsión provocó las quejas y la movilización de los vecinos afectados.
Una vez restablecido el servicio de la desaladora móvil, a finales de febrero, los representantes de la Asociación de Vecinos de Sant Jordi se reunieron con la alcaldesa, Neus Marí, para reclamar una solución definitiva al problema del agua.
En esa reunión, según el presidente del colectivo de vecinos, Pedro García, la alcaldesa aseguró que este mismo año se iba a acabar la red de canalizaciones y que, con ello, quedaría garantizado el suministro de agua potable.
Ahora, una portavoz del Ayuntamiento asegura que se esperaba que este mes se reanudaran las obras, pero sin dar más explicaciones del retraso.
El concejal de Medio Ambiente, Juan Ribas, ha rehusado responder a las llamadas de este periódico.
Antes del verano, los vecinos de la zona de Platja d´en Bossa reclamaron «la devolución de los importes pagados» por la factura del agua desde que se produjo la reducción drástica de los índices de potabilidad.
El agua que sale de los grifos de sus casas no es apta para cocinar ni para el riego de las plantas y provoca un deterioro «irreversible» sobre grifos, duchas y electrodomésticos (lavadoras, lavavajillas o termos eléctricos), que deben cambiar cada cierto tiempo con el coste económico correspondiente.
