Ignacio Rodrigo, portavoz del Partido Renovador (PREF) en el Ayuntamiento de Ibiza, presentó ayer una querella criminal en la que solicita que se practiquen diligencias y la Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil averigüe quién vulneró la «intimidad informática» de los cargos públicos que formaban parte de un grupo de WhatsApp. Fragmentos de las conversaciones mantenidas por este grupo fueron publicadas en julio por Periódico de Ibiza y Formentera.
En ellas Pilar Marí criticaba a Vicent Serra y José Ramón Bauzá, pedía facturas relacionadas con Lina Sansano y se vertían insultos contra esta edil, así como contra Mar Sánchez y Marienna Sánchez-Jáuregui. Además, se evidenciaba la voluntad de aprovechar la comisión de investigación de la publicidad institucional para obligar a Jáuregui a abandonar la alcaldía.
Rodrigo asegura que los ocho integrantes del chat de WhatsApp ´Verano azul´ (la exalcaldesa Pilar Marí; los concejales del PP dimitidos Joan Mayans, Alejandro Marí, Rai Prats, y Constantino Larroda; Miryam Valladolid y el propio Rodrigo, pertenecientes al PREF y la ex jefa de gabinete de alcaldía Susana Cardona) niegan haber filtrado o autorizado a nadie para publicar estas conversaciones. El concejal del PREF, ahora en la oposición, entiende que «si nadie lo ha pasado, por lógica, alguien ha hackeado y ha logrado por medios informáticos vulnerar la intimidad de ese grupo y se ha producido una vulneración de secretos». El edil se querella contra el posible autor de esa vulneración y contra las dos empresas periodísticas que publicaron los mensajes, «el Periódico de Ibiza y Formentera y Hora Nova, propietaria del Última Hora, ya que editan el periódico conjuntamente y ambas son propietarias de la página web».
Rodrigo, que es letrado, aprovecha que el Código Penal permite solicitar la responsabilidad penal de las entidades mercantiles y advierte de que, si se acaba condenando a estas empresas, «hay penas accesorias de prohibición de contratar con el sector público o de beneficiarse de ayudas fiscales y de la Seguridad Social». Añade que, con la querella presentada ayer, se «destapa la caja de Pandora». Revela que no devolvió el teléfono del Ayuntamiento tras su salida del gobierno por considerarlo «judicializado» y que lo entregará como prueba puesto que, a diferencia de sus compañeros, no borró los mensajes. Adelanta que tendrán que testificar todos los integrantes del grupo, Sánchez-Jáuregui y los responsables de la publicación: «Van a tener que explicarse».
Los integrantes del polémico chat se reunieron hace unos días para debatir la posibilidad de realizar una declaración ante notario negando haber sido responsables de la filtración. No hubo acuerdo porque algunos quieren «pasar página». Rodrigo decidió acudir a la Justicia y es posible que también Pilar Marí lo haga.
Otras querellas | El edil presentó otra demanda en julio y prepara dos más
La presentada ayer se suma a la querella que Rodrigo formalizó en julio contra Sánchez-Jaúregui, después de que se publicara un informe policial en el que se revelaban los datos de un accidente de tráfico que el edil del PREF protagonizó en 2011. El concejal asegura que solo el jefe de la Policía Local y la propia Jáuregui tuvieron acceso a ese informe y pide al juez que investigue quién lo entregó a la prensa. Rodrigo presentó también por esta razón una denuncia en la Agencia de Protección de Datos, denuncia que fue desestimada al considerarse que, por su cargo, tiene interés informativo la noticia del accidente. El edil asegura que recurrirá esta decisión porque, aunque no discute la «relevancia» de la noticia, considera que se «ha roto la cadena de custodia» del informe policial. El portavoz del PREF en el Ayuntamiento de Ibiza asegura que la lluvia de demandas todavía no ha concluido y estudia presentar al menos dos más en los próximos días.
