El Parlament ha aprobado este martes la Ley de Comercio de Baleares, una normativa que "nace con el máximo consenso del sector" y que regula aspectos destacados como las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), la venta ambulante o los horarios comerciales, ha explicado en el pleno el conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García.

Durante la sesión, García ha detallado que se han incorporado "varias enmiendas que han enriquecido la ley" como las referidas a la singularidad de Formentera, el fomento de las asociaciones empresariales o el plan de dinamización comercial para todas las islas.

Según ha dicho el conseller, el sector "llevaba mucho tiempo demandando temas que no se habían resuelto con las leyes anteriores". Además, ha explicado que se han establecido 15 días festivos de apertura para el año 2015 y 16 días para el año 2016 y en adelante.

Venta ambulante

En cuanto a la venta ambulante y el intrusismo, ha dicho que serán los ayuntamientos los encargados de regular y actuar sobre esto y ha asegurado que la normativa permitirá ahora que "grandes cadenas" se puedan instalar en la comunidad. "No existirá ninguna prohibición por razones de superficie", ha dicho.

El PP ha apoyado este martes diferentes enmiendas, como una de MÉS sobre la venta en rebajas y la sobre los excedentes de producción de los outlets y ha propuesto transacciones en una enmienda de los econacionalistas sobre la promoción y modernización de la actividad comercial y la protección de los consumidores.

También ha transaccionado la redacción de otra enmienda de MÉS para incluir que el Govern fomentará los centros comerciales urbanos y otra para que los centros urbanos se deben ubicar en espacios urbanos situados en ámbitos de reconocida tradición en el desarrollo de la actividad comercial. Por otro lado, se ha transaccionado una enmienda del diputado no adscrito Antoni Pastor y ha realizado correcciones de carácter técnico.

La diputada del PSIB Pilar Sansó, quien ha agradecido a García su predisposición a negociar pese no haber alcanzado un acuerdo total, ha recordado que los sindicatos no votaron a favor del proyecto de ley.

"No nos podemos oponer a este proyecto de ley porque ha sido negociado y está bien redactada", ha manifestado la socialista antes de incidir en que el problema no será la redacción de la ley sino "cómo se desarrolla". Además, ha remarcado la necesidad de impulsar el mercado tradicional.

Sansó ha considerado oportuno, en cuanto a las ZGAT, delitimar la temporada turística y que se revise si los municipios con estas zonas siguen cumpliendo los requisitos.

Además, ha explicado que el PSIB votará en contra de algunos artículos relativos a la apertura en domingos y festivos y ha considerado excesivos los 16 festivos que podrán abrir los comercios a partir de 2016. "Esperamos que desarrollen la ley con cero crecimiento urbanísitico y den el máximo apoyo a los pequeños comercios que dan vida a la ciudad y sus calles".

Comercio electrónico

Mientras, el diputado de MÉS, Miquel Àngel Mas, ha considerado que se trata de una "ley antigua" que "no fomenta el comercio y no se adecúa al modelo mediterráneo de comercio urbano que tenemos". "Estamos ante una ley del siglo pasado que no tiene en cuenta la evolución del comercio, como lo que suponen las ventas online". Según ha dicho, la ley sólo dedica dos artículos a esto y ha propuesto medidas como una Dirección General de Comercio Electrónico.

"Esta ley no fomenta la actividad comercial", ha señalado Mas, quien también ha explicado que la normativa no tiene en cuenta que "somos unas islas" y hay un territorio limitado. Además, ha criticado que el Govern no haga defensa del autogobierno de Baleares.

El diputado no adscrito Antoni Pastor ha explicado que dar una mayor libertad de horarios y de días festivos, así como permitir que haya más grandes superficies en las islas "no beneficiará en nada a nuestro tejido empresarial".

Además, ha considerado que que haya 15 o 16 días festivos de apertura al año son "muchos" puesto que "el pequeño comercio no puede competir con las grandes superficies porque no tienen personal". En este sentido, ha dicho que el conseller de Economía ha elegido a las grandes superficies antes que al pequeño comercio.

Se trata, según Pastor, una "ley que no ilusiona a nadie" y representa una "pérdida de una oportunidad para el sector". "No es la mejor ley para este sector" porque, ha dicho, la simplificación administrativa que marca "es insuficiente" porque los comerciantes todavía encuentran "trabas" con la administración.

Uso de lenguas

La diputada no adscrita Margalida Font ha lamentado que la norma no regule el uso de las lenguas con lo que cree que no se fomenta la normalización del catalán y no se respetan "los derechos de los catalanoparlantes". La ley "no establece normas estrictas sobre el uso de las lenguas" y "sigue atentando contra la normalización lingüística del catalán", ha lamentado.

El diputado del PP Francisco Mercadal ha explicado que la ley ha sido fruto "del consenso máximo con el sector". Además, ha señalado que se trata de una reivindicación histórica del sector con la que, asimismo, se dá cumplimiento a un compromiso electoral del PP.

El sector del comercio, ha dicho el 'popular', tiene una "repercusión social muy importante" puesto que supone el 10 por ciento del PIB de Baleares, una comunidad en la que hay más de 21.000 comercios y da empleo a más de 70.000 personas.

Mercadal ha indicado que la ley regula las zonas de gran afluencia turística o las licencias autonómicas para grandes superficies. Según ha dicho, el PP ha aceptado "varias enmiendas" de la oposición por lo que se han producido algunas transacciones.

La Ley regula la actividad comercial y recoge materias de simplificación administrativa, así como la creación de una comisión interinsular como órgano de participación en las cuestiones de materia de comercio que se tengan que regular.

También recoge temas de horarios, libertad de precios, aperturas en domingo, acciones promocionales y ventas especiales como la venta a distancia, ambulante o a domicilio, así como la actividad inspectora y las sanciones. Asimismo, se adapta a nuevas normativas europeas e impulsa un sector primordial de la economía de Baleares, ha explicado el popular.