La respuesta de sindicatos, profesores, alumnos, familias y partidos políticos al anuncio de recurso del Govern tras el cuarto varapalo al decreto de trilingüísmo del Govern fue casi calcada en todos los casos: quieren que se paralice la aplicación de un TIL ilegalizado por tercera vez, que se destituya a la consellera de Educación, Joana Maria Camps, y que se reformule la política educativa recurriendo al diálogo entre todos.

Comisiones Obreras criticaba por ejemplo la «suprema irresponsabilidad y la falta de cintura política» de un Govern al que culpa de «provocar más caos». «Que vuelvan a recurrir por el TIL no es solución a un conflicto que ellos mismos han causado», añaden, recordando que la Justicia le ha quitado la razón a la Conselleria en tres ocasiones, y «en tres ocasiones no han escuchado». En ese mismo sentido se expresan en el sindicato STEI, que subraya que la suspensión cautelar de la orden del TIL significa básicamente «que no hay TIL» por lo que aseguran que ellos exigirán la ejecución de la sentencia. UGT advierte por su parte de que el president Bauzá, con el recurso que anuncia a la decisión de los tribunales, «pierde una nueva oportunidad de poner sentido común en la educación». «Es un comportamiento totalmente irracional», añade la secretaria general de la federación educativa de UGT, María Alarcón, que le pide a Bauzá que deje de gastar recursos públicos «en una batalla judicial en la que solo acumula derrotas».

Última oportunidad

Unos y otros le reclaman al Govern que explore una vía que no se ha planteado: el consenso. «Esta era la cuarta oportunidad para convocar a todos los agentes del mundo educativo y negociar la salida de un conflicto que tiene a docentes, alumnos, familias y sociedad agotados por la crispación», afea el sindicato USO. La misma llamada al diálogo se escucha en las asociaciones de profesores, directores de centros y de alumnos.

Entre los apoyos al Govern apenas se podían citar dos. Por un lado, el del PP, cuyo secretario general,Miquel Vidal, justificaba el recurso en que la «sentencia se refiere a la forma, no al fondo». A esas tesis solo se sumaba el Círculo Balear, cuyo presidente, Jorge Campos, «aplaude la determinación del Ejecutivo» en un recurso que auguran que servirá para evitar «que se perjudique a la mayoría de familias».