El Consell de Ibiza ha blindado a los 150 trabajadores del Consorcio Sociosanitario, que gestiona las residencias de Can Blai y Can Raspalls, en Sant Jordi, así como el centro de día y los pisos tutelados para personas con enfermedades mentales, con la firma del convenio laboral que reivindicaban desde hace años. El presidente del Consell, Vicent Serra, firmó ayer con los representantes de los trabajadores el acuerdo que permitirá que las condiciones laborales y económicas que ostentan actualmente no cambien cuando una empresa privada asuma en los próximos meses la gestión de las residencias.
El presidente destacó tras la firma del convenio que su gobierno «ha cumplido el compromiso» que adquirió con los trabajadores del Consorcio Sociosanitario. Serra recordó que, ante la incertidumbre que creó el anuncio de los planes de privatizar la gestión de las residencias y las posibles consecuencias para el personal, con la pérdida incluso de puestos de trabajo, se comprometió ante ellos a retrasar este proceso hasta la firma del convenio. Con ello, la empresa adjudicataria de la gestión de las residencias de Can Blai y Can Raspalls tendrá la obligación de mantener la plantilla actual así como su remuneración.
El presidente del comité de empresa de Can Blai, Raúl Ajo, destacó que lo «más importante» del acuerdo es que «se mantendrán los puestos de trabajo y las condiciones laborales». El convenio no prevé ninguna mejora económica. Ajo señaló que la negociación ha sido «laboriosa y larga», al tiempo que reconoció que ha habido «puntos» que han generado «tensión» entre las dos partes. En todo caso, destacó que el resultado final satisface a los representantes de los trabajadores, fundamentalmente, reiteró, porque ante «la inminente externalización de la gestión de las residencias se salvan los puestos de trabajo y se mantienen las condiciones laborales».
En su intervención, el presidente del Consell también destacó «el esfuerzo» de los trabajadores para «llegar a un acuerdo». «Hemos intentado estar a la altura», indicó Serra, quien agradeció especialmente la labor de la gerente del Consorcio Sociosanitario, Maite Planells, persona de su confianza.
Críticas al anterior gobierno
También lanzó una crítica al anterior equipo de gobierno progresista al asegurar que el convenio con los trabajadores de las residencias debería haberse firmado la pasada legislatura. El anterior gobierno hizo en su día una propuesta que no llegó a prosperar. «Este convenio se ha hecho para garantizar que paséis a una mejor situación cuando finalice el proceso de externalización», dijo el presidente a los representantes de los trabajadores tras la rúbrica del convenio.
En este sentido, Serra admitió que las condiciones laborales y económicas que ofrece una empresa privada son peores a las que han quedado consolidadas. Sin embargo, este acuerdo solo beneficia a la plantilla actual. Así, las personas que sean contratadas para trabajar en la residencia de Sant Antoni, que sigue cerrada, no tendrán las mismas ventajas negociadas que recoge el convenio del Consorcio Sociosanitario.
Precisamente, el presidente recordó que el proceso de licitación de la gestión de Sant Antoni se puso en marcha antes que el resto porque, al estar inoperativa, no afecta a ningún trabajador. Serra restó importancia a las diferentes condiciones laborales que ostentarán los trabajadores de las residencias de la isla. «Ya son distintas en muchos centros sanitarios de la isla. Es un problema, pero así lo marca la legalidad», justificó.
De hecho, las condiciones de los trabajadores de la residencia de Cas Serres son distintas a los de Can Blai y Can Raspalls. Hay que tener en cuenta, además, que la residencia de Sant Jordi no está abierta al cien por cien de su capacidad y que los trabajadores que se contraten en el futuro no gozarán de las mismas condiciones, sino que se tendrán que supeditar a las que marque la empresa que gane el concurso y asuma su gestión. Y las diferencias pueden ser notables: un auxiliar de clínica en Can Blai o Can Raspalls cobra 1.375 euros, mientras que una empresa privada puede pagar 800 euros por el mismo puesto, según las fuentes consultadas.
La consellera de Bienestar Social, Mercedes Prats, explicó que se mantiene la previsión de que la residencia de Sant Antoni abra sus puertas en diciembre, mientras que el proceso de externalización de la gestión de Can Blai y Can Raspalls inicia «la cuenta atrás» tras la firma del convenio. «Ahora se pasará la información laboral a la Fundación balear para poner en marcha el pliego de condiciones del concurso», dijo Prats.
