En noviembre de 2004 se adjudicó a Cetis-Sagalés la construcción de la estación de autobuses y el complejo que la rodea en una parcela de 8.163 metros cuadrados situados en el sector cinco. Cuatro meses más tarde el pleno del Ayuntamiento de Eivissa aprobó una ampliación de esta encomienda para que a la concesión se adscribieran también 5.565 metros de subsuelo destinados a aparcamiento. Finalmente, acabó certificándose la cesión de 7.381 metros cuadrados bajo el Cetis de manera que los 8.000 metros licitados y publicados en el BOIB en 2004 acabaron duplicándose. De este modo, la concesionaria explotará durante 40 años 15.544 metros cuadrados.

Este procedimiento público y documentado «está plagado de irregularidades y constituye un motivo más para decretar la nulidad de pleno derecho de la concesión», según asegura Antonio Vilalonga, portavoz del grupo municipal de Movimiento Ciudadano EPIC. Esta formación afirma que la ampliación de encomienda aprobada en marzo de 2005 constituyó una modificación del objeto del contrato y una vulneración del procedimiento regulado por la Ley de Administraciones Públicas en aquel momento.

Desde EPIC recuerdan que el proyecto inicial, el de la parcela de 8.000 metros, ya incluía aparcamientos. Sin embargo, se aprobó una ampliación que permitía a la concesionaria la construcción y explotación de 5.565 metros más distribuidos en dos plantas bajo rasante. «Hay unas diferencias brutales de suelo público. Se pasa de 5.5oo a 7.300 metros y lo que se les está dando es suelo público para que obtengan beneficio al explotarlo como aparcamiento», destaca Villalonga. «Que se aprueben 5.000 y se certifique la cesión de 7.000 es una irregularidad de las gordas porque dieron a una empresa un bien demanial para que lo use durante 40 años», insiste. No obstante, los letrados que asesoran al concejal consideran que lo más llamativo en esta ampliación es que el Ayuntamiento no obtuvo ningún beneficio a cambio de la misma. «No consta que por ampliar en más de 7.000 metros cuadrados para el aparcamiento subterráneo el Consistorio obtuviera ningún beneficio ni en metros cuadrados de oficinas ni en número de plazas de aparcamiento. Simplemente se hace una ampliación que beneficia al concesionario. Vila no recibe ninguna contraprestación más que la construcción del propio aparcamiento», hace constar EPIC en el informe remitido a la Fiscalía, que a su vez denunció la comisión de cuatro posibles delitos.

La semana pasada el vicepresidente del Consell de Eivissa, Mariano Juan, esbozó la posibilidad de que la estación se reabriera si la concesionaria aceptaba ajustarse a los términos iniciales de la concesión lo que implicaría, por ejemplo, renunciar a la explotación de esos 7.000 metros añadidos, algo que a priori parece harto improbable.

El listado de irregularidades que EPIC denuncia en esta ampliación es aún más extenso. El partido que lidera el concejal Antonio Villalonga asegura que para la construcción del aparcamiento subterráneo se debería haber hecho una licitación independiente «porque tenía suficiente entidad como para salir a concurso». «Los aparcamientos no son un servicio público y no correspondía construirlos dentro de un contrato de concesión de obra pública sino de un contrato de obra pública, que es diferente», advierte Villalonga, que entiende que al no hacerse licitación se amplió a beneficio de la concesionaria. EPIC argumenta que el interés de los posibles licitadores hubiera sido mucho mayor si en 2004, inicialmente, se hubiera dado a conocer que habría 7.000 metros cuadrados más de suelo público a explotar. «Eso es mucho beneficio y, por supuesto, de haberse hecho bien hubiera sido necesario publicar la licitación a nivel europeo, porque el importe hubiera sido mucho mayor», concluye Villalonga.