Asuntos Internos de la policía ve defectos en las pesquisas del robo a Matutes

La mayor parte del botín fue recuperado gracias a las declaraciones del autor confeso del robo, el policía Rafael Rodríguez, un antiguo escolta del exministro y presidente del Grupo Matutes, Abel Matutes Juan, que trabajaba además como vigilante en las oficinas del grupo empresarial.

También está acusado de participar en el robo otro policía, José Joaquín Fernández, al que implicó inicialmente Rodríguez y al que los investigadores relacionaron después con el ocultamiento de una parte del dinero sustraído, la que fue hallada, enterrada, en una finca de Sant Llorenç. Pese al dinero localizado, la empresa asegura que faltan aún por recuperar 990.000 euros.

La desproporción entre la cantidad inicialmente denunciada y la verdaderamente sustraída en el robo es la que llevó a los agentes de Asuntos Internos a indicar que hubiera sido «aconsejable» practicar algún tipo de investigación sobre «cantidades tan dispares». Junto a este reproche y al de que se hubiera reintegrado el dinero de inmediato a la empresa, la UAI señala otras irregularidades cometidas por no haberse seguido los protocolos policiales habituales. Para empezar, la falta de inspección ocular «por parte de personal especializado de Policía Científica» en los lugares en los que se halló y se incautó el dinero.

Las dos cajas enterradas

En el primer caso reseñado, respecto a la intervención de las dos cajas con 140.000 y 655.000 euros que estaban enterradas en Sant Llorenç, llama la atención la forma en que los investigadores de la comisaría de Ibiza fueron a buscar el botín tras la declaración del autor confeso del robo. Al lugar se desplazaron, en la noche del 1 de noviembre, los jefes de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial (en ese momento jefe accidental de la comisaría en ausencia del comisario) con otros cuatro agentes, y llamaron a José Joaquín Fernández (que en esos momentos desconocía que era sospechoso) porque Rafael Rodríguez le había implicado. La llamada a Fernández fue realizada con la excusa de que el policía, por vivir en la zona, podría ayudarles a encontrar el lugar exacto en el que se había enterrado el dinero. Aunque se dijo que el dinero apareció en la finca de éste, los paquetes de dinero enterrados no se encontraban en ella, sino a unos 700 metros de distancia de su casa, en una finca de otras personas sin relación con la causa. Se da la circunstancia de que en la misma zona de Sant Llorenç también tiene un terreno Rafael Rodríguez, donde también apareció parte del botín.

Sin linternas, sin cámaras y sin policía científica, fueron los dos jefes y José Joaquín los que saltaron una valla para, a los pies del árbol que al parecer les había indicado Rafael, cavar y encontrar una de las cajas de plástico con paquetes de dinero envueltos en pedazos de bolsas de basura. Esa primera caja fue llevada por los tres agentes hasta el lugar en el que esperaban otros cuatro policías y todos regresaron a comisaría, donde, en el despacho de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta), se abrió la caja y se sacó el dinero: un total de 140.000 euros y varios paquetes rotos, «dando la impresión de que ahí presuntamente hubo dinero y que alguien lo pudiera haber cogido».

Al ver que había una cantidad de dinero menor a la que el autor del robo había manifestado, los agentes regresaron al terreno de Sant Llorenç, ya pasada la una de la madrugada, y allí encontraron otra caja, enterrada junto a un níspero. Esta vez había 655.000 euros. Y fue tras este último hallazgo, casi a las tres de la madrugada, cuando José Joaquín quedó detenido.

En ninguna de las dos ocasiones se hizo inspección ocular ni existen fotos ni vídeos con los que se registrara la intervención. «Por las declaraciones realizadas a los [policías de la UAI] intervinientes, la inspección ocular in situ se descartó por las condiciones del terreno, las altas horas de la noche en que se produjeron las incautaciones y la ausencia de luz, lo cual no es óbice, a juicio de los investigadores de este Grupo IV, para que la misma se pudiera haber efectuado».

Al parecer, una de las dos cajas con dinero tampoco fue inspeccionada. Por un lado, los investigadores alegan que José Joaquín Fernández tocó el interior de la caja en el lugar en que fue intervenida «y, posteriormente, en el despacho de la UDEV dio un manotazo a varios paquetes tirándolos al suelo, descartándose realizar la inspección para que no hubiera ningún tipo de contaminación». Este incidente ocurrió cuando Fernández supo que era sospechoso del robo, momento en que reaccionó enfrentándose a los mandos.

Sin embargo estas explicaciones tampoco convencen a Asuntos Internos, que subraya en su informe que no solo era de los policías implicados de quienes se debían buscar señales: «A juicio de este grupo IV, se podría haber efectuado una inspección ocular en la citada caja y a todo su contenido por si apareciera algún otro tipo de vestigio, huella o ADN, no solo de los dos policías implicados, sino también de alguna otra persona desconocida que hubiera podido tener algún tipo de participación en los hechos investigados».

Además de la referencia al desenterramiento de parte del botín, el informe de la UAI analiza una segunda intervención, esta vez del día 6 de noviembre y con la presencia de Rafael Rodríguez. Este acompañó a un grupo de policías, entre los que se encontraban los tres mandos que participaban en la investigación (los dos ya citados y el jefe de la UDEV) hasta una zona de Sant Joan en la que había un coche Ford Fiesta que Rodríguez había dejado allí estacionado unos días antes. En su maletero, y en el interior de un trolley rojo, se hallaron otros 782.000 euros.

El coche, con la maleta dentro, fue trasladado a la comisaría y el dinero quedó, aún sin contar, en la caja fuerte del despacho del jefe de la secretaría. Ya por la tarde, los jefes de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana, «con el resto de funcionarios del grupo de la UDEV, procedieron a contar el dinero». Acto seguido, ese dinero se entregó a los representantes de Fiesta Hoteles. También en este procedimiento, la UAI echa en falta «una inspección ocular técnico policial por parte de personal especializado de Policía Científica en el lugar de los hechos, con especial significación del interior del vehículo Ford Fiesta y del maletero del mismo, así como a la maleta tipo trolley intervenida». El jefe de la UDEV, interrogado por Asuntos Internos, afirma que optó por no realizar ningún tipo de inspección ocular «debido a que era un sitio muy concurrido, a que era una carretera y había un camino vecinal que llevaba a un almacén al que acuden muchas personas». De hecho, cabe destacar que en ninguno de los objetos incautados con dinero en su interior se efectuó inspección ocular técnico-policial, «a excepción de la caja que contenía los 655.000 euros, en donde se reveló una huella lofoscópica de José Joaquín», que constituye una de las pruebas existentes contra él.

Irregularidades

No acaban aquí las irregularidades detectadas, ya que «el conteo del dinero debió realizarse en presencia tanto de Rafael como de José Joaquín, o en su defecto, dado que estos se negaron a estar presentes, en presencia de sus abogados, algo que solo se cumplió en la intervención de los 194.995 euros».

Ante todos estos datos, fuentes de la Policía Nacional en Madrid han reconocido que los argumentos ofrecidos por los policías ibicencos para no cumplir procedimientos normales de una investigación no tienen gran consistencia y hacen el caso «bastante sospechoso». Sin embargo, pese a las sospechas y al relato que los agentes de Asuntos Internos hacen en su informe, concluyen que no se aprecia «ningún tipo de infracción penal cometida por los funcionarios que han tenido participación en los mismos».