La Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep tuvieron que intervenir ayer por la noche en una fiesta que se estaba celebrando en el complejo ilegal de Can Lola, ubicado en Davall sa Serra, en es Cubells, en el municipio de Sant Josep.
A media tarde, numerosos vehículos llegaron al lugar para asistir a esta fiesta en la que, según relataron varios testigos, había que pagar entrada y por la que los invitados recibían una pulsera. La gran cantidad de coches dispersos por la zona colapsó la entrada a varias viviendas cercanas al complejo. «Ya es la segunda fiesta en dos semanas, con la música muy alta que se escucha en varios kilómetros y con gran cantidad de coches dispersos por los caminos; esto es indignante» relataba una vecina, quien adivirtió de que ya habían avisado a la Guardia Civil y Policía Local en otras ocasiones, «pero casi nunca hacen nada».
Ayer, tras las quejas de los vecinos, las fuerzas de seguridad se personaron en este complejo ilegal, pero no lograron detener la fiesta, según señalaron las mismas fuentes, «tan solo han bajado el volúmen de la música», se lamentaba esta vecina horas después de haberse iniciado la fiesta.
Conflicto
Según algunos testigos, los agentes de las fuerzas del orden mantuvieron una fuerte discusión con el personal de seguridad contratado para la fiesta, pero no impiedieron parar la misma, aunque tras la intervención policial muchos de los presentes en la fiesta optaron por abandonar el recinto. Este periódico trató de recabar sin éxito ayer por la noche las explicaciones del Ayuntamiento de Sant Josep sobre esta fiesta ilegal.
El complejo ilegal de Can Lola mantiene enfrentada a la propietaria, Paquita Fernández Ordoñez (que acaba de salir de la cárcel de Ibiza en tercer grado por un delito de fraude a la Agencia Tributaria), con el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell de Ibiza que de momento han sido incapaces de frenar las sucesivas infracciones urbanísticas con las que está expedientada esta empresaria malagueña, que hace unos años alquiló una de sus propiedades al expresidente José María Aznar.
Sánchez Ordóñez tiene también abiertas diligencias penales por haber roto los precintos colocados en esta finca por la Policía Local y la Guardia Civil,
