­La Asociación de Vecinos de Can Misses y la Asociación de Padres y Madres (Apima) del colegio del barrio se han unido para evitar la construcción de un edificio de 22 viviendas cuyo acceso rodado (la única entrada y salida de los vehículos) será por una vía que es exclusiva para peatones desde el año 1976 como aún hoy recoge así el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Consistorio ya ha concedido licencia de obra para la promoción inmobiliaria que impulsa Taylor Winpey España SLU en la confluencia de las vías peatonales Germans Torres i Tur y Periodista Antoni Manel García.

El PGOU obliga a que cada edificio del barrio de Can Misses cuente con dos plazas de aparcamiento por cada vivienda, pero todas la entradas y salidas de los coches se ubican en las calles principales (Corona, Campanitx y Aubarca). Así, detrás de los edificios se encuentran una serie de vías que están cortadas al tráfico mediante pivotes que son para uso exclusivo de peatones (estas vías no reúnen las dimensiones necesarias para acoger tráfico y las aceras están prácticamente a la altura de la calzada). La promoción denunciada no tiene salida alguna a las calles principales citadas. Además, la entrada del aparcamiento previsto en este edificio se sitúa justo enfrente de la salida trasera del colegio de Can Misses, lo que provoca «una gran preocupación» en la comunidad educativa. «Sería muy difícil reeducar a centenares de niños que están acostumbrados a ir a pie hasta el colegio por esta vía peatonal. Si la calle se abre al tráfico, el problema será muy grande», dijo Elvira Escandell, miembro de la directiva de la Apima de Can Misses.

El abogado Joan Cerdà denunció ayer junto a Escandell y un representante de la Asociación de Vecinos del barrio (Juan Siyero) que la licencia concedida por el Consistorio es «nula». Los vecinos lo denunciaron en el Ayuntamiento a mediados de mayo y de momento no han recibido ninguna respuesta. Este grupo (Can Misses Peatonal) reiteró ayer en un nuevo escrito al Ayuntamiento que debe «rectificar» porque, de lo contrario, «en cuestión de días» presentará un recurso contencioso administrativo en los juzgados. Cerdà destacó que aunque la parcela sea edificable, «no se puede construir si no tiene accesos», por lo que considera que en este caso el Consistorio ha hecho «urbanismo a la carta» para «favorecer los intereses particulares de un promotor».

Los denunciantes advierten al equipo de gobierno de que pueden incurrir en responsabilidades penales y que más vale que rectifiquen «cuanto antes» para reducir el eventual pago de una indemnización por dar una licencia que es «nula», aparte del «perjuicio que se causaría a las personas que de buena fe comprasen una vivienda».

Aparte del cartel publicitario, la constructora ha instalado un contador eléctrico (se hizo por la noche, según los vecinos), por lo que los denunciantes temen que el inicio de las obras sea inminente.