«Es la revolución, una oportunidad histórica para las Pitiüses para instalar renovables». Jaime Ochogavía, director general de Industria y Energía del Govern, se mostró así de tajante y optimista durante su charla en la Jornada sobre Energía y Cambio Climático celebrada en el salón de plenos del Consell el pasado viernes 7 de junio, donde desgranó cómo el Ministerio de Industria prevé retribuir las inversiones en nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares: en las Pitiusas se podrían llegar a pagar 112.268 euros por megavatio instalado (por 35.000 euros en el sistema de Mallorca y Menorca) y 126 euros por megavatio/hora producido.
Un chollo, según Jaime Ochogavía, para la isla menos renovable de Balears: el 96% de ese tipo de energía de la Comunitat se produce en Mallorca y Menorca, el 2,9% en Formentera y solo el 0,32% en Ibiza. Eso sí, no se puede decir que las cuatro islas estén a la cabeza del mundo en cuanto a producción de renovables: solo el 1,8% del total no procede del gas o de combustibles fósiles.
Ochogavía, como poco antes planteó Carlos Llop, técnico de la dirección general de Medio Natural balear, apuesta por un segundo cable que una Balears con la Península. El primero sirvió no solo para acabar con el aislamiento energético sino que, además, redujo sustancialmente la emisión de gases de efecto invernadero. Para el segundo, que esperan que sea una realidad en 2017 o 2018, ya han calculado las reducciones: unos 900.000 toneladas de C02 al año.
El director general de Industria y Energía del Govern indicó al respecto que otra de las razones para apostar por esa nueva conexión es que «el sistema balear tiene un sobrecoste de 504 millones de euros». Mientras en la Península se paga una media de 50 euros por megavatio/hora, en Balears asciende a 140 euros. En Ibiza y Formentera, el coste de generación es aún mayor: 263 euros. De ahí que el Govern desee romper el aislamiento: «Es la mejor manera de que Balears se integre en el mercado de la Península», lo que significaría a la postre precios más baratos. Ochogavía recordó al respecto que cuando en su momento propuso ese segundo cable, se le echó encima «precisamente la empresa que cobra esos 504 millones de euros» de sobrecoste.
El responsable de Industria y Energía del Govern cargó contra «los conservacionistas» que se oponen a la instalación de renovables como las eólicas: «¿A quién hacen el juego? Que lo piensen», dejó caer. Puso el ejemplo de Menorca: «Allí llegamos a decir que de tanto proteger todo, al final al que menos protegemos es al menorquín».
Firme defensor de la energía fotovoltaica, indicó que Ibiza tiene una superficie potencial para este tipo de instalaciones de 134 kilómetros cuadrados, mientras que Formentera tiene 32 kilómetros cuadrados, el 25% y el 39% del territorio, respectivamente. «Pero bastaría con solo el 2,15% de la superficie de Ibiza para cubrir el 100% de la energía que consume», subrayó. En Formentera, sería suficiente con el 1,11%. Así, «ambas islas serían independientes energéticamente».
Otra cosa es el potencial eólico. Ibiza lo tiene peor: solo el 0,66% de su territorio es apto, apenas 3,57 kilómetros cuadrados donde se podrían instalar 129 aerogeneradores que, eso sí, permitirían satisfacer el 66% del consumo de toda la isla. En Formentera, algo más: el 4,5% de su superficie podría albergar 125 aerogeneradores, los cuales podrían aportar ocho veces la energía que consume.
El punto negro de la red española
Durante su ponencia, Ochogavía desveló que «el punto negro de la red eléctrica de España» se encuentra en Sant Antoni: «Está alimentado por tres líneas, ninguna de las cuales tiene capacidad para asumir la carga de otra en caso de que una falle», advirtió.
También detalló el plan del Govern para instalar en la Comunitat Autònoma 2.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos. A Ibiza le corresponderían 284 puntos de carga lenta y semirrápida, mientras que a Formentera irían a parar 48.
Por su parte, Carlos Llop centró su charla en los planes de Balears para mitigar y adaptarse al cambio climático. Los planes de mitigación prevén reducir hasta 2020 entre un 23 y un 30%, en el mejor de los casos, la emisión de gases de efecto invernadero. Sobre las adaptaciones, Llop advirtió de que Europa «aún no se ha puesto las pilas», y eso que algunas aseguradoras prevén que los destrozos causados a finales de siglo equivalgan al PIB mundial. Llop avisó de que las infraestructuras que se construyan de ahora en adelante, por ejemplo los puertos, deberán tener en cuenta todos los fenómenos adversos que se prevén como consecuencia de aumento de temperaturas o variación de las precipitaciones.
