Con la huida de Mohamed Ben Soliman, el cabecilla de la red de fraude desarticulada por la Policía en la Operación Rojo, iniciada en el año 2013, ya son dos los marroquíes que se encuentran en busca y captura por cometer fraudes millonarios en Ibiza a través de empresas creadas para regularizar a inmigrantes con altas falsas en la Seguridad Social.

Los dos fugitivos, además, son primos. El último en entrar en las listas de fugados creó una sola empresa, Construcción y Rehabilitación y, a través de ella y con la cooperación necesaria de una gestoría de Santa Eulària, llegó a defraudar más de 470.000 euros a la Seguridad Social, según las investigaciones y los cálculos realizados por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

El segundo marroquí en busca y captura, Ahmed El Abbas, por su parte, llegó a usar una decena de empresas tapadera para vender falsos contratos de trabajo y se considera que, en su caso, el fraude se eleva a dos millones de euros.

Una cifra elevada de empleados

Respecto a la última operación, cerrada este mismo mes, las pesquisas se iniciaron ante las sospechas que la empresa de Ben Soliman despertó en los inspectores de trabajo de la isla, ya que tenía una cifra muy elevada de supuestos trabajadores, más de 170, todos ellos inmigrantes norteafricanos y subsaharianos. Y, curiosamente, a pesar de tratarse de una empresa dedicada a la construcción, muchos de estos supuestos obreros eran mujeres.

Además, la empresa, aunque estaba constituida formalmente, no tenía una sede propia. Y tirando de ese hilo y comunicadas las sospechas a la Policía, que mantiene una constante y fructífera relación con los inspectores de Trabajo en este tipo de asuntos, se llegó a determinar que la empresa se dedicaba a facilitar a esos supuestos empleados prestaciones, subsidios y permisos de residencia.

La gestoría de Santa Eulària

Los cómplices necesarios son, según la investigación, los responsables de la gestoría de Santa Eulària a través de la cual la empresa ficticia de Ben Soliman daba de alta a trabajadores y en la que fueron detenidos V. M., el propietario y con antecedentes por estafa, y C. M.

En este sentido, fuentes policiales destacan que el elemento clave de esta trama de fraude es la facilidad con la que cualquier gestoría puede actualmente dar de alta a cualquier trabajador a través del sistema RED de la Seguridad Social, vía Internet.

De hecho, este sistema (red, rojo en inglés) es el que da nombre a la operación policial. De esta forma, contar con la complicidad de los gestores fue decisivo para que la banda prosperara hasta lograr unos beneficios de 500.000 euros y más de un centenar de inscripciones efectivas y falsas en la Seguridad Social.

Laboriosa y compleja operación

En total, en una compleja, laboriosa y prolongada operación, la Policía ha detenido a 109 personas y otras 50 han sido imputadas por delitos de falsedad documental, estafa a la hacienda pública y delitos contra los trabajadores.

Aunque el cabecilla y otro de sus cómplices, un ciudadano español, han conseguido huir. Ahora, los permisos de residencia de inmigrantes que los obtuvieron de manera fraudulenta serán revocados y se iniciará el procedimiento de expulsión contra ellos. De la misma manera que, al invalidarse los documentos, se pretende obligar a devolver lo obtenido ilegalmente de los subsidios del desempleo.

Por otra parte, el historial de Ahmed El Abbas, carnicero en ses Figueretes, se remonta a 2008, el mismo año en el que su primo constituyó la empresa cosntructora ahora desmontada. En ese año, la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif) de la comisaría ibicenca detuvo a El Abbas, junto a otra treintena de personas, y desarticuló su trama.

Quedó en libertad con cargos, el caso se eternizó en los juzgados y, el año pasado, fue objeto de una nueva investigación por seguir con el negocio y extender su entramado de empresas a Madrid y Algeciras. Fue entonces declarado en búsqueda y captura.

Curiosamente, ha llegado a ser detenido en Algeciras y, a pesar de su curriculum, ha quedado de nuevo en libertad con cargos, lo que ha provocado un profundo malestar entre los grupos policiales implicados en las investigaciones, incluyendo la Brigada Central de Delincuencia Económica y la Sección de Investigación de la Comisaría General de la Policía Judicial. El Abbas sigue en paradero desconocido.