La Fiscalía ha denunciado en los juzgados de Ibiza un presunto delito de prevaricación administrativa, así como malversación de caudales públicos, estafa y fraude a la Administración pública y a los particulares en relación a la concesión, adjudicación y tramitación del edificio del Cetis. La Fiscalía decidió abrir diligencias tras recibir el 28 de abril un exhaustivo informe remitido por EPIC, acompañado de cuantiosa documentación, en el que apreció indicios de delito. Ahora la denuncia irá a reparto y su investigación corresponderá a alguno de los juzgados de instrucción.
Esta es la decimotercera causa judicial relacionada con el edificio que alberga la estación de autobuses, diversos servicios municipales, la Policía Local o los juzgados de primera instancia, pero es la primera de carácter penal, lo que podría conllevar la paralización de los demás procedimientos administrativos hasta que se sustancie este asunto.
El presidente y concejal de EPIC en el Ayuntamiento de Ibiza, Antonio Villalonga, asegura que como cargo público estaba en la obligación de denunciar la comisión de un posible delito y que su objetivo no es perjudicar a nadie, sino que el Consistorio «determine la nulidad de pleno derecho de la concesión, la revoque y se haga cargo del Cetis indemnizando a la concesionaria». «Lo que pretendemos es que el Cetis le cueste lo mínimo a los ciudadanos de Vila», sentencia.
El equipo de gobierno municipal ha expresado hoy su "total respeto a la labor de investigación de los órganos judiciales" sobre este asunto y ha recalcado que siempre ha facilitado el acceso a la documentación e información requerida por todos los concejales de los grupos políticos municipales
Al menos 18 causas de nulidad
El comité insular de EPIC solicitó el 17 de diciembre un análisis y valoración jurídica del Centro de Transferencia Intermodal y de Servicios (Cetis), porque «había indicios de irregularidades». Villalonga asegura que un equipo de ocho personas ha trabajado «a destajo» durante cuatro meses y ha revisado documentación relativa a esta concesión correspondiente a los últimos doce años. «Se ha analizado todo el procedimiento de licitación, contratación y ejecución», explica, y asegura que los letrados de EPIC han hallado al menos «18 posibles causas de nulidad de pleno derecho, que no prescribe, y otras 11 posibles nulidades por relevantes irregularidades». En el informe entregado al Ministerio Fiscal, de más de un centenar de páginas, se menciona a más de treinta personas entre las que hay miembros de las últimas cuatro corporaciones de Vila. Quedan libres de sospecha cinco ediles de la actual corporación (Villalonga, Alfonso Molina, Carmen Bonet, Ángels Martínez y Montserrat García) que no eran concejales en anteriores mandatos. Se apunta, en el informe jurídico, la posible comisión de un delito por parte de los miembros del equipo de gobierno de PP-PREF que votaron a favor de las tarifas de la estación, delito en el que también habrían incurrido todos los ediles que durante esos 12 años votaron a favor de algunas de las actuaciones relativas al Cetis, según EPIC.
Villalonga destaca la gravedad de los presuntos delitos apuntados por Fiscalía, que no solo afectarían a cargos electos sino también a funcionarios, letrados, la empresa concesionaria, otros empresarios y particulares. El informe que ocasionó la apertura de diligencias del ministerio público relaciona hasta trece empresas que podrían haberse beneficiado de esta operación inmobiliaria que, sostiene EPIC, puede haber supuesto la pérdida de «decenas de millones de euros» de fondos públicos. Los delitos denunciados pueden conllevar penas hasta de ocho años de prisión, diez de inhabilitación y multas de 24 meses. Villalonga detalla, además, que lo que su partido ha denunciado son «delitos continuados, que se han repetido en el tiempo».
EPIC, que estudia personarse en la causa, recuerda que con frecuencia el equipo de gobierno municipal ha invitado a esta formación a acudir a la Fiscalía. La última vez fue en el pleno de mayo, cuando el informe de EPIC obraba ya en poder del Ministerio Fiscal.
