El proyecto de Ley de Ordenación Minera de Balears, aprobado por el Consell de Govern y que ahora inicia su tramitación en el Parlament, permite abrir nuevas canteras a cielo abierto en el interior de espacios naturales protegidos (ANEI y Parques Naturales), así como ampliar las actualmente existentes y legalizar las que funcionan irregularmente. Además, se permite que en determinados casos se pueda desoír el informe desfavorable de la Comisión Balear de Medio Ambiente. Ello representa un giro radical respecto a lo que contemplaba el Plan Director Sectorial de Canteras de 1997, que prohibía abrir nuevas industrias en estas zonas. Ni los consells ni los ayuntamientos podrán emitir informes vinculantes, por lo que todo se decidirá desde Palma en una comisión específica con representación de todas las administraciones.

La ley presentada recientemente por la conselleria de Economía del Govern balear hace hincapié en la necesidad de restaurar las canteras en marcha, pero incluye otros detalles que han sido vistos con malestar por los técnicos del Consell de Ibiza, que presentaron numerosas alegaciones al texto aprobado, la mayor parte de las cuales no se han tenido en cuenta.

La posibilidad de abrir o seguir explotando canteras en espacios protegidos aparece en el artículo 15 y en la disposición transitoria primera de este articulado, que el Consell ibicenco no ha recibido todavía, según confirmó el viernes el conseller de Urbanismo, Mariano Juan. Allí se detalla que podrán tramitarse canteras en las zonas de la Ley de Espacios Naturales (LEN) y la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental (LECO). El citado artículo afirma textualmente: «En caso de que el informe del órgano ambiental [la Comisión Balear de Medio Ambiente] sea desfavorable y en circunstancias excepcionales, a instancia del promotor, se podrá continuar la tramitación siguiendo el procedimiento establecido». Se matiza que será necesario que no haya soluciones alternativas o que el proyecto «se tenga que ejecutar por razones imperiosas de interés público de primer orden». La misma posibilidad de desoír a los técnicos de Medio Ambiente se prevé para la legalización de las canteras irregulares actualmente en funcionamiento.

Nuevas canteras

En cambio, el Plan Director Sectorial de Canteras, en su última redacción de 1999 -firmada por el expresidente Jaume Matas y el exconseller José Juan Cardona- afirmaba: «No se podrán autorizar nuevas canteras en el ámbito de las Áras Naturales de Especial Interés de la Ley de Espacios Naturales de Balears», y tampoco areneras.

En la autorización de nuevas canteras, ampliaciones y legalizaciones de las existentes ni los ayuntamientos ni el Consell tendrán mucho que decidir dentro de lás áreas de interés minero, que son aquellos terrenos donde puede haber recursos de áridos. Pese a tratarse de actividades que se desarrollan en suelo rústico y se trata de actividades comerciales, el Govern no permite que el Consell exija la correspondiente declaración de Interés General, como se hace con cualquier negocio que quiera instalarse en suelo rústico.

De hecho, esta era una de las principales alegaciones del Consell ibicenco, pero ha sido desestimada. El Govern ha respondido que el Consell estará representado en el nuevo Consejo de la Minería de Balears (dirigido por la conselleria balear de Economía y con sede en Palma), con lo que tendrá acceso a información sobre los procedimientos relacionados con Ibiza. Sin embargo, los propios dictámenes del Consejo de la Minería serán solo consultivos y no vinculantes, según detalla el artículo 10 del proyecto de ley, con lo que el Consell de Ibiza nunca tendrá capacidad decisoria, ni directa ni indirecta, en las zonas de interés minero. Sí se necesitará su informe fuera de estas áreas, donde al no existir recursos geológicos explotables, es difícil que algún promotor se interese por abrir una cantera.

Los ayuntamientos, por su parte, solo tendrán que emitir informe para dar su opinión sobre los proyectos, porque no serán tampoco vinculantes.

De este modo, la verdadera capacidad decisoria sobre las nuevas canteras recaerá directamente sobre la conselleria de Industria del Govern, pues por debajo de ella ninguna Administración tendrá capacidad para bloquear ninguna iniciativa en áreas de interés minero.