La Assemblea de Docents ha presentado una denuncia contra la consellera de Educación, Joana Maria Camps, acusándola de malversar fondos públicos en sus continuos viajes a Menorca. Como reveló Diario de Mallorca, la menorquina carga al erario público sus visitas semanales a la isla asegurando que responden a «actos institucionales o reuniones de trabajo». La abogada recurre al argumento de que siempre se ha hecho así y de que su proceder no se diferencia del de otros consellers de las islas menores, tanto socialistas como populares.

Camps cobra ya 22.000 euros para sufragar los gastos que supone su empadronamiento en Menorca, pero aún así pasa como gasto de trabajo todos sus desplazamientos a la isla en la que reside su familia y en la que la abogada y agente de la propiedad inmobiliaria sigue teniendo negocios en funcionamiento.

Como explicó este diario, desde su nombramiento a principios de mayo y hasta diciembre de 2013, la titular de Educación viajó hasta 32 ocasiones a Menorca, durante todo el fin de semana (en 17 ocasiones) o por periodos de tres días hasta una semana o incluso 26 días consecutivos en agosto. En total, en estos ocho meses pasó en su isla 134 días. En ese lapso de tiempo, los viajes que ha emprendido a otros destinos (Madrid, Bruselas, Ibiza y Moscú) no superaron la decena y en estos casos Camps no pernoctó fuera más de una o dos noches. El viaje a Rusia no superó los tres días.

La Assemblea, constituida en la asociación Docents per la Democràcia, presentó ayer el texto en Fiscalía, firmado por uno de sus portavoces, Guillem Barceló, y denunciando que haya «intereses particulares» en lo que Camps vende como viajes de trabajo.

La justificación de Camps, así lo firma ella en persona en una respuesta parlamentaria, es que el motivo de estos viajes son actos de «representación institucional «que se han de entender «como inherentes a la propia gestión política», así como «celebración de reuniones» con representantes políticos o sociales «que se han producir con la asiduidad y conveniencia necesarias».

«Una regla no escrita»

La abogada argumenta además que existe una «regla no escrita» por la cual los consellers menorquins y eivissencs actúan en representación del presidente del Govern «en la gran mayoría de actos institucionales que se celebran en las respectivas islas». Menciona que han actuado como ella «Joana Barceló, Albert Moragues, Cristobal Huguet, Josep Antoni Ferrer, Simón Gornés, Carmen Castro, Josep Maria Costa, Pilar Costa, etc.»

De los 53 actos y reuniones a los que asistió Camps entre mayo y diciembre, solo en ocho ocasiones fue «por delegación del presidente», según afirma ella misma. Uno de estos actos fue la Romería del Rocío de es Mercadal, por el que la consellera estuvo fuera cinco días, de viernes a martes. Ése mismo martes volvió a volar a su isla para volver a Mallorca el viernes 24, día del Consell de Govern.

Ese mismo viernes de nuevo embarcó rumbo a Menorca, de donde no volvería hasta tres días más tarde. El motivo: «Actos con motivo de la festividad de María Auxiliadora». La presentación de la revista de las fiestas de Sant Joan justifica cinco días. Una entrega de trofeos que coincidió con las vacaciones escolares de Navidad supuso una estancia de ocho días. En agosto, cinco actos institucionales (fiestas tradicionales, un foro, la inauguración de una exposición y la visita a un albergue juvenil) sirvieron a Camps para justificar tres semanas de trabajo.

Cada semana en Menorca

Según este listado de viajes, es habitual que la consellera viaje a Palma desde Maó el martes para acudir a la sesión del Parlament -que supone una dieta añadida de 220 euros- y regresar ese mismo día a Menorca. En estos ocho meses, no hay semana que Camps no visitara su isla, con excepción del periodo entre el 6 de septiembre y el 10 de octubre, coincidiendo con la huelga educativa y las sesiones de negociación con los docentes. El 11 de octubre ( cuatro días después de suspenderse la huelga) recuperó su ritmo viajero.

La responsable de la conselleria de Educación subraya en su respuesta que cuando se mueve por Menorca asume ella misma los gastos: estos desplazamientos, indica, «implican unos costes económicos que nunca se han cargado al erario público».

La Assemblea considera que este proceder supone «una actuación negligente y un abuso de poder» y critican que el Govern «quiere vivir al margen de la justicia cuando le conviene».