La defensa del exdirigente socialista Roque López presentó ayer un recurso de reforma en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza contra el auto de archivo del caso Eivissa Centre al entender que la decisión de la juez «no está suficientemente motivada». Al ser preguntado por este diario, Salvador Ferrer, abogado de López, explica que el sobreseimiento provisional del caso se ampara en afirmaciones «muy genéricas» y no se justifica adecuadamente la falta de indicios racionales que impiden, según la juez instructora, continuar con la causa y llegar a juicio.

La juez decretó el pasado día 16 el archivo provisional del caso Eivissa Centre, por el cual estaban imputados destacados cargos socialistas, como el expresidente del Consell Xico Tarrés o el exalcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, y puso fin a siete años de instrucción. En el auto de sobreseimiento la juez asegura que todas las diligencias solicitadas han sido practicadas y que los indicios de delito (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental) a los que alude la acusación «carecen de la consistencia suficiente para proceder a la apertura de juicio oral».

Auditoría de Itusa

Sin embargo, el letrado de Roque López insiste en que «quedan pendientes diligencias a practicar», en referencia a la audición en sede judicial por parte de la exconcejala Sandra Mayans de la grabación de la conversación que esta mantuvo con López y en la que se habla del supuesto pago de comisiones por la ejecución del proyecto de reforma del centro de la ciudad conocido como Eivissa Centre. «En el mismo auto la juez admite que este trámite quedó pendiente», asegura Ferrer, quien recuerda que la magistrada, como «instructora» de la causa, podría haberlo ordenado. Así responde el letrado al argumento que esgrime la juez de que ninguna de las partes ha solicitado la práctica de esta diligencia.

Además, Ferrer subraya que la Fiscalía pidió el archivo de la causa, y la magistrada comparte sus argumentos, sin considerar «las cinco últimas diligencias de prueba», entre las que destaca un auditoría sobre la empresa mixta Itusa (participada por la empresa pública de Vila Imvisa y la constructora Bruesa) con «una conclusión llamativa» sobre la aportación por parte del Ayuntamiento del solar de Joan XXIII donde se ha levantado el bloque de edificios es Pla de Vila, que considera debería «analizarse más». Por todo ello, el letrado entiende que no se puede cerrar aún la instrucción. «Si después no hay más pruebas o estas no son suficientes [para acusar a alguien], actuaremos en consecuencia», dice.

Inicialmente, la defensa de López manifestó que sopesaba recurrir directamente en apelación a la Audiencia Provincial, pero al final ha optado por hacerlo en reforma primero ante el mismo juzgado que ha decretado el archivo.