­El auto de la juez Carmen Martín en el que decreta el archivo del caso Eivissa Centre fue acogido ayer con indisimulada satisfacción por parte de los principales imputados del PSOE, que llevaban siete años en esa situación esperando un desenlace de esta causa, que investigaba el supuesto pago de comisiones a este partido político por el proyecto de remodelación del centro de la ciudad.

El secretario general de la Federació Socialista d´Eivissa (FSE-PSOE), Vicent Torres, afirmó en un comunicado emitido ayer que el caso Eivissa Centre «era una gran mentira para evitar que el PSOE ganara las elecciones en Ibiza» cuando estalló el caso, en 2007. «Siete años después, con una instrucción larguísima en que se ha investigado hasta el último detalle, se ha demostrado que no había nada de nada, que ninguno de nuestros compañeros actuó de manera incorrecta», subraya.

El portavoz del PSOE-Pacte en el Consell, Xico Tarrés, que en el momento de los hechos era alcalde de Ibiza y estaba imputado en el caso, declaró que «han sido varias las veces» que, a lo largo de estos siete años, presentó su dimisión a los responsables del partido. «Le presenté la dimisión a Francesc Antich y le dije que lo dejaba, pero me contestó que ni se me ocurriera», explicó. La renuncia la presentó tanto cuando era presidente del Consell como posteriormente en calidad de diputado. «Cuando a Francina Armengol la hicieron secretaria general, le dije también que si era una molestia para el partido, me iba», añadió.

Xico Tarrés añadió, sin embargo, que ofreció su renuncia pese a ser reacio a irse. «Un imputado ha de dimitir si piensa que ha hecho algo mal o que le encontrarán algo que perjudicará a su partido. Pero si no ha hecho nada ¿para qué demonios ha de dimitir? No es por aferrarme al cargo, es para demostrar que soy inocente», agregó.

También aludió a los problemas personales que le han provocado estos siete años de imputación: «Tus amigos y tu familia lo entienden y esto te ayuda, pero son momentos muy malos. Yo tenía hijos pequeños y cuando no saben de qué va la cosa y te preguntan si has hecho algo malo, pues te quieres morir. No es justo», indicó.

Por su parte, la abogada de estos imputados, Ascensión Joaniquet, consideró que este «ha sido un proceso muy torpedeado por la parte acusadora» y recordó la querella interpuesta por el entonces abogado de Roque López, Andrés Tuells, contra ella misma y contra el juez que instruía la causa. Esa denuncia, finalmente desestimada, provocó parte de la demora que han sufrido las diligencias.

«No solo manchó mi nombre, que a fin de cuentas soy una simple abogada, sino que todo un señor magistrado que hace su trabajo lo mejor que puede, se vio involucrado sin comerlo ni beberlo en un procedimiento tan desagradable», afirmó Joaniquet, para quien la actuación de Andrés Tuells «estaba pensada para hacer daño». «Ha sido la primera vez en treinta años de profesión que he visto algo igual», añadió.

En cuanto al archivo de la parte principal de la causa, negó la tesis de que la falta de indicios se deba a una insuficiente investigación. «No es cierto. Pocos procedimientos habrá en España que se hayan investigado tan a fondo como este. Aparte de las declaraciones de los testigos, se han aportado todas las pruebas correspondientes a todos los procesos, desde la constitución de Itusa hasta el concurso de Bruesa, que nadie impugnó y fue impecable, así como todas las juntas de Itusa y los procedimientos administrativos. No me imagino qué más se podría haber hecho. Se ha investigado hasta la saciedad», opinó.

Pedro Campillo, que fue primer teniente de alcalde de Tarrés cuando sucedieron los hechos, se declaró «feliz» por el desenlace. «Acaba un periodo de siete años en que he estado en el punto de mira de contrincantes políticos, compañeros políticos y periodistas que te señalaban por estar imputado», manifestó. A su juicio, el procedimiento «ha sido una herramienta política para usarla desde dentro y desde fuera, hacer daño y eliminar al adversario político. Y usarla de mala fe». También aseguró que todo este asunto le ha permitido «aprender muchas cosas en lo político y en lo personal».

Por su parte, la portavoz del PSOE balear, la ibicenca Pilar Costa, dijo que la causa «se originó por una venganza» del ex secretario general de Ibiza, Roque López. «Siempre ha habido una intencionalidad política» para hacer daño al PSOE y al resto de partidos progresistas que ganaron las elecciones de 2007. Aparte de la «venganza» de López, Pilar Costa afirmó que el PP «tuvo algo que ver» en todo ello.

El portavoz del Partido Popular de Ibiza, Miquel Jerez, respetó el auto judicial pero afirmó que «hay muchas preguntas que contestar y dudas que resolver» al respecto.