El protocolo que ha elaborado el Govern balear a través de la dirección general de Puertos y Aeropuertos -dependiente de la conselleria de Turismo- para regular la actividad de los barcos discoteca podría ser aprobado definitivamente este mes de mayo y cuenta con el beneplácito de los empresarios del sector, que en realidad serán los encargados de aplicarlo. Una reunión celebrada ayer en el Consell de Ibiza entre todas las administraciones implicadas, así como la patronal que agrupa a la mayoría de embarcaciones dedicadas a este tipo de turismo, dio el visto bueno preliminar a este protocolo, así como a un código de buenas prácticas elaborado por el sector que también será tenido en cuenta.
El documento del Govern consiste en un conjunto de seis compromisos concretos por parte de los empresarios. El primero de ellos es el de informar a los pasajeros de los party boats, previamente al embarque, de la necesidad de mantener un comportamiento correcto durante el trayecto.
El segundo compromiso es la negativa a admitir a bordo a personas que presenten síntomas de embriaguez o de haber consumido drogas. En caso de observar estos síntomas a bordo -donde se suelen servir abundantes bebidas alcohólicas- los empresarios aseguran que no servirán más copas a estos clientes.
Del mismo modo, el protocolo prevé un control de la contaminación acústica cada vez que el barco se acerque a la costa, ya sea al zarpar, al atracar o al navegar cerca del litoral. En esos casos, los empresarios reducirán la música para no causar molestias, explicó el director general de Puertos y Aeropuertos, Antonio Deudero.
La actualización de las correspondientes autorizaciones de los asociados, así como velar por mantener la documentación en regla es otra de las cuestiones acordadas en este documento, si bien la propia legislación ya obliga a ello.
Los titulares de los barcos discoteca adquieren también el compromiso de disponer a bordo de los dispositivos necesarios para no arrojar al mar vasos, botellas, plásticos y otros residuos que se generen durante las fiestas. Esta basura -tal y como, por otra parte, contempla la actual legislación- irá a parar a los contenedores dispuestos en los puertos a tal efecto.
Deudero confirmó que serán los propios empresarios los que «velarán para que se cumplan estos criterios».
El director general agregó que «no existe ningún vacío legal» sobre las competencias a la hora de controlar los party boats desde las administraciones.
De hecho, para este verano se harán públicos los teléfonos y correos electrónicos ante los que se podrán denunciar las ilegalidades de estos buques. Dependiendo de dónde se encuentren, la competencia para actuar será de una administración u otra: Autoridad Portuaria, Guardia Civil o conselleria de Medio Ambiente, por ejemplo. Cada institución canalizará, a su vez, denuncias hacia la que corresponda en cada caso.
