Las empresas constructoras de las autovías del aeropuerto y Sant Antoni (UTE Accesos Ibiza y FCC Construcciones y Ortiz, respectivamente) exigen judicialmente al Govern balear el pago de casi 50 millones de euros principalmente por los perjuicios que aseguran que les causaron los retrasos por los actos de protesta del movimiento antiautopista durante su construcción. En el caso de la autovía del aeropuerto, la constructora reclama 27 millones en seis litigios distintos (por valor cada uno de ellos de entre cinco y seis millones), mientras que por la obra viaria de Sant Antoni se dirime en un solo contencioso el pago de 22 millones de euros, según Juan Salvador Iriarte, director general de Transportes del Govern. Las constructoras recurrieron al juzgado después de la negativa de la conselleria de Obras Públicas a atender estas demandas.
Iriarte indica que estos litigios se arrastran desde «el primer día» y se remontan «al origen de los trabajos», a partir de enero de 2005, cuando los antiautopistas empezaron a tratar de impedir el paso de las máquinas. «Todo viene de lo mismo: de los disturbios», asegura. Aparte de las paralizaciones y retrasos de las obras, el director general de Transportes pone como ejemplo el sobrecoste que la constructora de la autovía del aeropuerto reclama a la Administración por haber tenido que trasladar la planta de asfalto de Sant Jordi. Ante la presión ciudadana, el Ayuntamiento de sant Josep paralizó las obras de instalación de una planta junto al hipódromo por carecer de licencia y por la proximidad del colegio de Sant Jordi. Este fue un sonado episodio más de la lucha de los antiautopistas.
El informe de Carlos Jover
El Govern balear defiende en los juzgados que la Administración ya ha reconocido todo lo que tenía que pagar y que no ha lugar a abonar ni un euro más, según explica Iriarte. De todos modos, el jefe del Departamento de Obras Públicas, Carlos Jover, quien durante la construcción de las autovías ocupaba el cargo de director general de Carreteras, firmó el año pasado (ocupa el cargo desde finales de 2012) un informe en el que reconoce que la Comunitat Autònoma podría hacer frente al pago de 14 millones de los casi 50 millones que reclaman las dos empresas concesionarias. Iriarte explica que se trata de un informe que, junto a otros más, fue encargado para analizar «las distintas posibilidades» a las que se podría enfrentar el Govern ante los contenciosos presentados por las constructoras. «Me parece sensato que se busquen alternativas», dice.
Así, Iriarte resta importancia al informe de Carlos Jover, que recalca que es «interno», y destaca que hay otros en los que también se analiza el escenario de «no pagar nada» e incluso de un eventual «rescate de las concesiones», cuyo coste, ocho años después, se podría situar en torno a los 180 millones de euros. Además, subraya que, al margen de estos informes, la Comunitat Autònoma defiende en sede judicial que «no se ha de pagar ni un euro más a las concesionarias». «Entendemos que no hay nada más. Pero el juez lo decidirá», insiste el director general de Transportes.
Jover declaró como testigo en este proceso judicial y ratificó su informe, en el que valora en 14 millones el reequilibrio de la concesión que reclaman las empresas constructoras. En cambio, el director de la obra, en representación del Govern, declaró que no se debe abonar nada. Por ello, Iriarte admite que el peor de los escenarios barajados es que la Administración pudiera tener que pagar 14 millones más por las autovías.
DESPIECE
Litigio por el criterio del pago de los coches que circulan por la vía
El Govern ha abierto otro frente judicial al solicitar a los tribunales que declare lesiva, y por tanto, la anule, la resolución del anterior gobierno de centro-izquierda por la cual se establece que el volumen de tráfico máximo que prevé el estudio de viabilidad económica (las obras se pagan en 30 años en función de los vehículos que transitan) no será limitativo. La izquierda y la derecha lo ven de distinta manera. Los primeros sostienen que siempre se buscó la interpretación «más favorable» a la Administración y que la resolución se basa en los informes de la Abogacía e Intervención de la Comunitat Autònoma, así como de la consultora Ernst & Young. El Govern lo niega y sostiene que la Abogacía deja claro que el incremento interanual en ningún caso puede excederse del máximo que prevé el estudio de viabilidad económica y que ya incluye un beneficio del 7%. Por otro lado, la izquierda exige al Govern que instale las estaciones de aforo (para contar coches) que faltan para evitar que se contabilicen desplazamientos de más.
