La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fampa) de Menorca ha interpuesto una querella contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá; la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Joana Maria Camps, y el secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas, por comisión de unos presuntos delitos de prevaricación, desobediencia e impedimento del ejercicio de derechos cívicos en la imposición del decreto del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL).

Según el escrito de interposición de la querella, la imposición de los proyectos de TIL contra el parecer de los consejos escolares de los centros podría constituir un delito de impedimento en el ejercicio de derechos cívicos: «de acuerdo con el artículo 524 del Código Penal, este delito es punible con la inhabilitación para cargo público por un tiempo de entre uno y cuatro años». La querella se refiere también a la apertura de expedientes disciplinarios a los directores de los tres institutos de Maó.