La interventora del Ayuntamiento de Ibiza coincidió en su declaración ante el juez por el caso Prensa Pitiusa con el primer teniente de alcalde, Juan Daura. Durante su comparecencia el martes ante el juez José Espinosa, descargó sobre el departamento de alcaldía, que dirigía entonces la exalcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui, cualquier responsabilidad sobre los acuerdos verbales alcanzados por el Consistorio con el grupo de comunicación Prensa Pitiusa por anuncios que nunca llegaron a insertarse.
Este argumento se ajusta además a la versión que el exjefe de gabinete de alcaldía con Sánchez-Jáuregui, Antonio Martínez Beneyto, ofreció en un pormenorizado informe remitido a la alcaldesa el 2 de abril de 2013, después de que Diario de Ibiza revelara las irregularidades en los acuerdos de publicidad institucional con el grupo Prensa Pitiusa y de que la interventora municipal ya hubiera aclarado en otro documento que los contratos verbales eran ilegales.
En su informe, Martínez Beneyto comentaba también las declaraciones de Sánchez-Jáuregui a Diario de Ibiza en las que negaba tener conocimiento de los acuerdos verbales con Prensa Pitiusa: «Me sorprenden todavía más las declaraciones publicadas en el mismo medio el 31 de marzo de 2013 en las que [la alcaldesa] sigue manteniendo el desconocimiento de este acuerdo y quién lo adoptó, ya que como se menciona anteriormente, quien me lo comunica a mí es ella misma», indicó en referencia a Sánchez-Jáuregui.
Acuerdos verbales no válidos
En cuanto a la comparecencia de la interventora, este diario ha podido saber que, a preguntas del juez, se reiteró en las conclusiones del informe que le encargó Sánchez-Jáuregui sobre la legalidad de los acuerdos verbales que había cerrado con el grupo de comunicación, y que concluían sin el mejor género de dudas que «no se podían hacer».
Además, preguntada por el juez acerca de si la alcaldesa había delegado en los departamentos de los tenientes de alcalde Juan Daura y Lina Sansano la contratación de inserciones publicitarias, la interventora lo negó, al menos en el caso de Daura. También dijo desconocer la existencia de acuerdos entre el Consistorio y el grupo de comunicación.
De hecho, la interventora señaló al juez Espinosa que todos los acuerdos con Prensa Pitiusa salieron del área de alcaldía, departamento del que formaba parte Martínez Beneyto como jefe de gabinete. En alcaldía fue donde se hacían todas las gestiones con el grupo de comunicación, añadió la interventora en su declaración.
A preguntas de la fiscal, la interventora también explicó qué recorrido hace habitualmente una factura en el Ayuntamiento: se le da entrada en el registro municipal y luego pasa a intervención, desde donde se deriva a la dependencia municipal correspondiente para que sea conformada. Sin embargo, «ninguna» de las facturas de Prensa Pitiusa completó esta tramitación y tampoco se llegó a conformar, proceso que acredita que el servicio que se describe en la factura se ha prestado. Para la conformación de una de estas facturas eran necesarias dos firmas: la del cargo político y la del técnico. Pero intervención no llegó a recibir ni una firmada como correspondía, según el testimonio de la funcionaria encargada de fiscalizar la gestión económica del Ayuntamiento.
El proceso de contratación
La fiscal también interrogó a la interventora sobre el proceso que debería haber seguido un contrato por el monto total que se acordó desde el Consistorio con Prensa Pitiusa, esto es, 140.000 euros anuales a repartir entre el semanario gratuito y la televisión TEF. La funcionaria explicó que el proceso incluye la elaboración de un pliego de prescripciones técnicas, de cláusulas administrativas, un informe del secretario, de fiscalización y de la mesa de contratación. Nada de eso se produjo nunca, indicó.
Durante su comparencia del lunes, la interventora también fue interpelada por el abogado de la exalcaldesa, Eduardo Valdivia, sobre una posible enemistad con la exalcaldesa, que la funcionaria negó.
El Juzgado de Instrucción número 2 investiga la denuncia que presentó la Fiscalía contra la exalcaldesa por presunta prevaricación. Políticamente, Sánchez-Jáuregui se vio obligada a renunciar a la alcaldía por este caso.
El pasado martes declararon tanto la exalcaldesa como Martínez Beneyto y la interventora, así como otros cinco testigos, entre ellos los concejales Juan Daura y Lina Sansano, el principal gestor de Prensa Pitiusa, Antonio Planells, y el exdirector de la TEF y Prensa Pitiusa Vicent Tur.
