El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Juan Daura, explicó ayer ante el juez José Espinosa que no existió un contrato entre el grupo Prensa Pitiusa y el Consistorio, aunque sí un acuerdo verbal que pactó personalmente la exalcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui y del que «no tenía conocimiento ningún otro miembro del equipo de gobierno». Daura fue uno de los seis testigos que prestaron declaración ante el magistrado José Espinosa, titular del Juzgado de Instrucción número 2, que investiga la denuncia de la Fiscalía contra Sánchez-Jáuregui por presunta prevaricación, a raíz de los acuerdos publicitarios con el grupo Prensa Pitiusa.

La exalcaldesa y actual concejala no adscrita estaba llamada a declarar a las 12.30 horas pero no llegó a la sede judicial hasta las 14.30, cuando el juez, la fiscal y su propio abogado defensor terminaron de tomar declaración a todos los testigos. La edil, que durante meses ha reunido documentación para preparar su defensa, rehusó hacer declaraciones a la prensa antes de hablar con el juez. Su declaración ante Espinosa se prolongó durante una hora y media y al concluir declinó de nuevo informar sobre el contenido de la misma. Se limitó a explicar que había ido «bien» y que había contado «la verdad», sin aportar más detalles.

El relato de seis testigos

Antes que ella fueron interrogados el copropietario y principal gestor del grupo Prensa Pitiusa, Antonio Planells, y el que era director de este semanario en 2012, Vicent Tur. También respondieron a las preguntas del juez, la fiscal y el defensor de Sánchez-Jáuregui el exjefe de gabinete de la alcaldesa, Antonio Martínez Beneyto, que dimitió después de que estallara el caso, y Juan Daura, responsable de Hacienda en aquel momento y que fue relegado al departamento de Obras tras la dimisión de la alcaldesa, provocada precisamente por este escándalo. Finalmente acudieron también como testigos la segunda teniente de alcalde, Lina Sansano, que junto a Beneyto firmó certificando que unos anuncios inexistentes se habían publicado, y la interventora de la Corporación, que se opuso al pago y formuló reparos de legalidad.

Tras prestar declaración, Daura dijo haber manifestado al juez «lo que todos sabemos que pasó» y añadió que, ahora, «es cuestión del juez decidir si sigue adelante o no», es decir, si tras lo escuchado ayer archiva el caso o continúa con el proceso iniciado de oficio por la Fiscalía el pasado verano.

El teniente de alcalde indicó que se le preguntó si se habían seguido los procedimientos administrativos en este caso y si hubo o no contrato. El concejal reiteró que no lo había y que las primeras facturas remitidas por esta empresa que le llegaron a Hacienda, «avaladas por las firmas de Beneyto y Sansano», se pagaron «porque había dinero en la partida». Las siguientes «se llevaron a reconocimiento extrajudicial y fue donde explotó la bomba», señaló en referencia a lo ocurrido en la comisión de Hacienda, en la que diferentes miembros del equipo de gobierno se negaron a llevar al pleno esas facturas. Daura añadió que durante su declaración se le insistió en «que si tenía que haber ayudado a la alcaldesa, que tenía que haberle manifestado los reparos que había?» y consideró que la defensa de la exalcaldesa intenta «desviar las culpas hacia Intervención y hacia Hacienda. Hacia mí», añadió.