­Los sindicatos STEI-i, FETE-UGT, USO, CCOO votaron ayer en contra del informe redactado por el presidente del Consell Escolar, Jordi Llabrés. ANPE se abstuvo en la votación. La confederación de asociaciones de padres de alumnos FAPA-COAPA y la Universitat, representada por Martí March, también dijeron ´no´ al texto.

El STEI-i resaltó que está claro que «la mayoría de representantes de la comunidad educativa está en contra». Su secretario general, Biel Caldentey, planteó por qué no se ha incluido en este informe la voluntariedad del TIL en ESO como se planteó durante la huelga y exigió la creación de una mesa de expertos para valorar el proyecto y plantear una nueva propuesta basada en evidencias científicas, algo que también demandó FETE-UGT. Respecto a la firma del pacto con la patronal, Caldentey quiso recordarle a Camps que las dos patronales no representan a todo el sector educativo: «Es una pantomima de consenso». Respecto al hecho de que los centros tengan más margen para decidir sobre la presencia del catalán y castellano, Caldentey indicó que en teoría el decreto actual tampoco fijaba porcentajes, si bien se pregunta qué garantías habrá de que ahora realmente se respetará la autonomía de centro.

Por su parte CC OO criticó que el informe no considera los efectos negativos del TIL «ni pedagógicos ni laborales» y manifestó su sintonía con la enmienda presenta por FAPA-COAPA. Esta entidad consideró que la orden es «la continuidad de la imposición» y manifestó la necesidad de «un debate serio en tiempo y forma».

USO rechazó la propuesta al no haber incluido ninguna de sus alegaciones y al considerar que el calendario no garantiza las necesidades laborales ni formativas del personal docente.

La Assemblea de Docents criticó que Educación tache ahora de «flexibilización» lo que en realidad es una «rectificación improvisada» de un decreto «fruto de la falta de planificación». Pide que se relativice el pacto con las patronales concertadas ya que, recordaron, no representan a la mayoría del sector. Además creen que al pactar «con empresarios» el Govern demuestra que entiende la educación «como un negocio».