La Policía Nacional desmanteló el miércoles por la mañana un punto venta de droga y objetos robados que explotaba un clan familiar en su casa del barrio de Cas Serres de Vila, en una operación en la que los agentes arrestaron a una mujer, a su hijo y a su yerno, según informaron ayer fuentes judiciales y confirmó un portavoz de la comisaría de Ibiza.

En la entrada y registro de la vivienda, realizado después de que la Policía obtuviese la preceptiva autorización judicial, los agentes encontraron alrededor de 150 gramos de marihuana y 32 gramos de cocaína, varios móviles y ordenadores que podrían haber sido robados, balanzas de precisión, bolsitas y otros útiles para preparar la droga para su venta posterior, junto con todo lo necesario para poner en marcha una plantación de cannabis, que todavía no estaba en funcionamiento, según las mismas fuentes.

Varios vecinos de la zona alertaron hace tiempo a la Policía, puesto que el movimiento de personas en la zona era sospechoso. Los agentes montaron varios dispositivos de vigilancia y registraron a algunas de las personas que salían de la casa. En casi todos los casos encontraron en su poder pequeñas cantidades de droga, que supuestamente habían comprado en la vivienda, por lo que fueron sancionados y tendrán que pagar multas, según la información a la que ha tenido acceso este diario. La operación no está cerrada.

El miércoles la Policía pasó a la fase de explotación, con el registro de la casa y la detención de las tres personas ya mencionadas. El yerno de la mujer quedó en libertad con cargos después de declarar al día siguiente en el juzgado de guardia. Este hombre explicó que vive en Formentera y que se encontraba circunstancialmente en la casa para drogarse.

La mujer comentó que ella se encargaba de comprar droga para la familia (de etnia gitana), por lo que alegó que todo lo encontrado por la Policía era para consumo propio, según se desprende de su declaración, a la que ha tenido acceso este diario. El juez decretó su ingreso en prisión y el de su hijo, y fijó una fianza de 3.000 euros para cada uno de ellos, que pagaron el mismo jueves por la tarde, por lo que también se encuentran en libertad con cargos.

Están acusados de dos delitos: contra la salud pública por tráfico de drogas y receptación, por vender supuestamente los objetos sustraídos. Los agentes investigan ahora el origen de los móviles y los ordenadores recuperados, para poder devolverlos a sus legítimos propietarios.