Los portavoces del PSOE y PSM han acusado este jueves a la consellera de Educación, Joana Maria Camps de prevaricar en el caso de los expedientes abiertos contra los directores de tres institutos de Maó para los que se ha propuesto una sanción de entre diez y quince días.
Dos de ellos, Rafel Andreu del instituto Pasqual Calbó y Jaume Bonet del instituto Cap de Llevant, están suspendidos de forma cautelar desde hace casi seis meses a pesar de sanción propuesta para ambos es de 15 días.
En el caso de Marga Seguí, directora del instituto Joan Ramis i Ramis, quien cumplió 140 días de suspensión cautelar, la sanción que la Conselleria de Educación ha propuesto para ella es de diez días.
Para el secretario general del PSOE de Menorca, Vicenç Tur, "la Conselleria ha actuado sabiendo que lo que hacía no era justo. A esto se le llama prevaricación".
En opinión del diputado del PSM, Manel Martí, la apertura de los tres expedientes fue arbitraria e incumplió las garantías legales previas para el inicio de cualquier proceso sancionador.
En este sentido los menorquinistas reiteran "su convicción de que todo el proceso es nulo y de que la consellera Camps actuó conscientemente al margen de la ley, es decir, prevaricó".
Tur y la responsable socialista para asuntos educativos, la diputada Cristina Rita, han exigido la dimisión de la consellera Camps y de su equipo.
La dimisión ha sido pedida un día después de que trascendiera la propuesta de sanción para los directores de los institutos de Maó por no apoyar el Tratado integrado de Lenguas (TIL) a la hora de preparar el actual curso.
A juicio de Tur "es el último despropósito que demuestra cómo se adoptó una decisión totalmente arbitraria. Que sea el instructor del caso quien señale que el único problema de estos directores fue votar demuestra el autoritarismo que ejerce la Conselleria".
Por su parte, Rita se ha preguntado "cómo se podrá compensar a esta gente. En el campo económico es fácil devolver el dinero pero el daño moral, los nervios que han pasado y las dificultades en la gestión de los institutos en estos meses no se pueden restituir".
Desde el PSM se afirma que tanto estos tres expedientes en Menorca como el del director de Marratxí son de carácter político y que pretenden reprimir y castigar cualquier actuación discrepante con la política del Govern balear.
