«Quisiera que se erradicara la prostitución, me encantaría que no existiera, pero ahora mismo es una quimera, la realidad es la que es y hay que conseguir que ese trabajo sea lo menos penoso posible», afirmó Gloria Poyatos, juez decana de Lanzarote, la noche del jueves en el Club Diario en la conferencia ‘¿Por qué se debe regular la prostitución?’, organizada por Sealeer (cooperativa de servicios de sexo creada en Ibiza).
Su presidenta, María José López, explicó que en Balears hay más de 2.200 trabajadoras sexuales y que muchas de ellas no están dadas de alta a pesar de que trabajan en los clubes de alterne.
Poyatos destacó la «hipocresía» de que en el mundo de la prostitución todos los implicados «tengan derechos excepto las prostitutas» y se mostró inflexible con los propietarios de los clubes de alterne, a los que acusó de lucrarse del trabajo de las chicas.
Durante el coloquio posterior, que moderó el presentador y actor Jesús Rumbo, uno de los asistentes preguntó a la juez qué diferencia había entre un empresario que se lucra de sus empleados y un empresario de clubes de alterne. Poyatos señaló que, en el caso de la prostitución, que una tercera persona obtenga beneficio de la actividad sexual de alguien puede atentar contra la libertad sexual de quien practica la prostitución. «Se trata de una medida prudente», justificó Poyatos, que explicó que comenzó a interesarse por la situación de las prostitutas cuando trabajaba como abogada laboralista en Puigcerdà (Girona) y seis trabajadoras de un prostíbulo le pidieron ayuda porque el dueño había cerrado el local y las había dejado en la calle.
«Les pedí un día para consultar la jurisprudencia y ahí descubrí la primera gran hipocresía de la sociedad con la prostitución», explicó. Poyatos recordó que para que les reconocieran una antigüedad como trabajadoras y derecho a la Seguridad Social, tuvo que recurrir a una sentencia del Tribunal Supremo de 1985 que reconocía la figura laboral, no de la prostituta, sino de la alternadora, es decir, la mujer que capta clientes varones para que tomen copas en un local. «La definición estaba cargada de machismo y silenciaba el acceso carnal», detalló la juez, que se hizo famosa al demostrar (en contra de lo que ella misma pensaba) que las prostitutas se podían dar de alta en Hacienda y en la Seguridad Social como autónomas.
Un régimen laboral propio
Poyatos reconoció que muchas de estas mujeres están dadas de alta y cotizan como peluqueras y esteticistas, pero destacó la necesidad de que cuenten con un régimen laboral propio y especial, «similar al de los mineros», que prevea un menor tiempo de cotización para acceder a la jubilación debido a las condiciones especiales y de riesgo en las que trabajan. Insistió en que la prostitución solamente pueda ejercerse por cuenta de la propia trabajadora, que debe ser la única que obtenga beneficios de la actividad sexual. «Que sean trabajadoras por cuenta ajena yo no lo veo porque creo que es proxenetismo», insistió al público, medio centenar de personas entre las que había trabajadoras sociales, abogadas, concejalas, representantes de partidos políticos, trabajadoras del sexo y dueños de clubes.
Poyatos recordó que existen tres tipos de proxenetismo, el que se lucra de las prostitutas, el que las coacciona para que trabajen y el que obtiene beneficios por facilitar un espacio a las chicas para que realicen la actividad sexual. Recordó que los tres están prohibidos por un tratado de 1950 revisado en 1962, pero lamentó que no se destinen más medios a perseguir este delito ni se aumenten las condenas para los que lo practiquen. «Las condenas por proxenetismo son irrisorias», consideró la juez, que detalló que se sitúan entre los 12 y los 24 meses. «Hay que aumentarlas, igual que los medios para luchar contra él», insistió antes de confesar que desearía «que cierren todos los prostíbulos» porque, en su opinión, que los propietarios se lucren de estas trabajadoras está «en contra de los derechos de las mujeres».
Poyatos explicó que mientras en otros países se ha optado por reglamentar, regularizar o prohibir, en España impera el abolicionismo, que quiere la erradicación de la prostitución «y trata a la prostituta como una víctima a la que hay que proteger». La juez explicó que al amparo de este abolicionismo, en los últimos 40 años ha aumentado el número de trabajadoras sexuales y se ha regulado la actividad de los locales de alterne. «Una regulación interesada y sesgada de una actividad que se mueve alrededor de la prostituta, pero que no la tiene en cuenta», afirmó la juez, que criticó «la parálisis del abolicionismo» que, en su opinión, contribuye a la invisibilidad en la sociedad de estas mujeres.
Doble penalización
«Las prostitutas sufren una doble penalización: ejercen un trabajo que no les gusta y que tienen que realizar por diversas cuestiones y, además, no tienen derecho a una invalidez, a la jubilación, a una baja o a faltar si un hijo se pone enfermo», describió. La juez aseguró que regulando el sector las prostitutas podrían imponer unas normas con los clientes, ganarían en higiene y salud, tendrían unas tarifas estipuladas y podrían quedarse en casa si se ponen enfermas «como cualquier trabajadora».
La juez criticó la «parálisis institucional» a la hora de regular el sector, acusó a las instituciones de «infantilizar» a las mujeres que ejercen la prostitución y recordó que no establecer una normativa las perjudica a ellas, que, insistió, son las víctimas. «Hay que cambiar las cosas a favor de ellas», concluyó.
