La isla del tesoro es para muchos, en realidad, la isla del ruido. La acumulación de quejas y denuncias por contaminación acústica y la sensación de impunidad en la materia ha llevado a una serie de vecinos a unir fuerzas (y dinero) para, por iniciativa del partido EPIC, demandar al Ayuntamiento de Sant Josep. Y la demanda viene precedida por una auténtica estrategia iniciada a principios de año, desarrollada durante todo el verano y avalada con informes de mediciones homologadas y de precedentes que han llevado a la conclusión de que la mejor forma de intentar acabar con un problema que podría agravarse es denunciar, en primer lugar, la inactividad del Ayuntamiento de Sant Josep, donde se concentran la mayor parte de los locales de los que procede el ruido que no deja descansar a los vecinos, y hacerlo por la vía contencioso-administrativa. Lo que significa que se dirimirá en Palma.

Tres informes distintos, realizados en tres tandas diferentes a lo largo de este año, avalan la demanda de EPIC y los afectados, que han contratado los servicios de una empresa de ingeniería acústica y de un despacho de abogados experto en temas relacionados con el medio ambiente (que incluye la contaminación acústica).

Las últimas muestras sonométricas recogidas son del último fin de semana del mes de septiembre. Y todas ellas dieron resultados positivos. Es decir, registraron niveles de ruido más elevados de los que las leyes permiten. En la zona del paseo marítimo de Vila, en Sant Antoni, en la bahía de Sant Antoni, en Platja d´en Bossa, en viviendas de Can Burgos y Sant Jordi, en las inmediaciones de las discotecas Amnesia y Privilege. En todos estos lugares, se han usado equipos sonométricos homologados y calibrados, manejados por un ingeniero técnico en Telecomunicaciones que lleva más de 20 años presentando ante la Justicia las pruebas necesarias para demostrar que el ruido existe y que alguien debe hacerse responsable de los perjuicios que ocasiona en quienes lo sufren.

«Es una barbaridad. Los niveles que hemos encontrado en Ibiza son sorprendentes», resume sin tecnicismos Eugenio García-Calderón Montejo, director técnico de Ingeniería Acústica García-Calderón, mientras intenta hacerse oír por encima de la música que se escucha de fondo y planta el trípode con el sonómetro en una terraza del edificio Bossamar, en Platja d´en Bossa. Su propietaria está de baja y en tratamiento -sus partes médicos se suman a la demanda- a consecuencia del nivel de ruido que, a diario y durante todo el verano, tiene que soportar. Uno de sus vecinos, que también ha colaborado en esta cruzada vecinal, ha vendido su casa y se ha mudado. Ella a duras penas resiste en una casa en la que la música del exterior no permite ni mantener una conversación normal.

En su domicilio, el sábado 21 de septiembre y a las ocho de la tarde, el sonómetro registra 97 decibelios C y 75 decibelios A, lo que en definitiva significa que se registran 81 decibelios cuando el máximo permitido en horario diurno en zona residencial es de 60 decibelios. Y teniendo en cuenta, según destaca el experto, que no estamos hablando de progresiones o diferencias aritméticas, sino logarítmicas, lo que simplificando quiere decir que el aumento del ruido de 60 a 81 supone mucho más de los 21 puntos de diferencia que salen de la resta. Los 81 decibelios tampoco son la diferencia de los decibelios C y A que se miden, sino que proceden de penalizar los 75 decibelios A con 6 puntos porque la diferencia entre C y A es mayor a 15 decibelios. Y esto hay que explicarlo porque lo cierto es que en las sonometrías realizadas en Ibiza destaca una característica interesante, y es el elevado nivel de sonidos graves que se registran y que penalizan el sonido. Es decir, lo hacen más insoportable. Y son los que se registran como decibelios C.

«Es el ´poomba, poomba´ que se escucha», explican Eugenio y su esposa, Concepción Huerta, del departamento técnico-comercial de la empresa y que ha acompañado a Eugenio en las tres tandas de mediciones llevadas a cabo en Ibiza.

El proceso de medir el sonido

Medir el sonido es un proceso complejo. Para empezar, influyen variables más allá del origen del ruido que se investiga. Es decir, puede haber un ruido de fondo, una carretera, por ejemplo, que influya en la medición y que deberá restarse a la muestra para no contaminar el resultado.

El viento también es un factor a tener en cuenta y, de hecho, ha sido una circunstancia añadida importante en algunas mediciones realizadas en el último fin de semana de septiembre. Sin embargo, en las terrazas del complejo residencial Castillo, en Los Molinos, el sonido del viento en la noche del sábado 21, y del oleaje, no han impedido tampoco detectar niveles por encima de lo permitido y procedentes de Platja d´en Bossa.

Ya en el primer informe, redactado con las mediciones del mes de mayo, podemos leer: «El nivel de emisión sonora generado por el complejo Ushuaïa en periodo nocturno es tan elevado que el ruido se percibe en la ciudad de Ibiza, a más de tres kilómetros de distancia».

Todos esos detalles han sido comunicados al Ayuntamiento de Sant Josep para que pusiera solución al problema, pero los vecinos y EPIC consideran que no se han adoptado medidas adecuadas, porque el problema ha persistido hasta el cierre del citado local y del resto.

Dos años de denuncias

Precisamente de este local apuntan también los denunciantes que procede el ruido denunciado por dos hermanas vecinas de Can Burgos, junto a sa Carroca, en Sant Jordi. Y, a pesar de la distancia, los registros del sonómetro en sus casas también ofrecen niveles por encima de lo permitido. Llevan dos años denunciando el ruido sin obtener respuesta del Ayuntamiento, hasta que a finales de este verano, cuando ya los responsables municipales tenían los primeros informes previos a una demanda, consiguieron una sonometría encargada por el Ayuntamiento, el 12 de septiembre. Tras ella, sin embargo, tuvieron que insistir para que les entregaran el resultados, hasta que les dijeron sencillamente y con los locales problemáticos cerrados que era positiva, sin explicar si tal resultado tendría consecuencias.

«Hay que entender que lo que reclaman estos vecinos no es un capricho. En nuestro trabajo hemos visto muchos casos psiquiátricos derivados de la exposición al ruido», explica García-Calderón, que añade que hay muchos particulares que recurren a los servicios de una empresa como la suya para tener pruebas que presentar ante los tribunales, pero la mayoría de los casos son de aires acondicionados que emiten un ruido excesivo, antenas de telefonía móvil que dan problemas y de las que los vecinos se quieren deshacer o grupos electrógenos a los que se obligará a instalar silenciadores. La medición más barata, más sencilla y más rápida, cuesta 400 euros más IVA.

El próximo verano, y con las previsiones de que el procedimiento siga abierto, la cruzada de EPIC y los vecinos continuará y se seguirán haciendo mediciones sonométricas que se incluirán en la causa. De la misma forma que otros vecinos afectados podrán sumarse también a la iniciativa.

El abogado Jorge Pinedo, de Pinedo & Asociados, que lleva el caso, destaca que las zonas afectadas son zonas residenciales y que como tales se miden, aunque se dé la circunstancia de que son lugares en los que se mezclan zonas residenciales y comerciales.