El enfrentamiento institucional entre el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza se agrava a medida que se avanza hacia el cierre de la estación de autobuses (Cetis). El Consell Executiu se reunió ayer de forma extraordinaria para acordar ya una fecha de salida de los autobuses de la terminal y la eliminación del incremento del precio de los billetes que se aprobó en julio para compensar las tarifas del Cetis. El cierre provisional de la estación se producirá el próximo sábado día 21 a partir de las 7 horas, mientras que el suplemento de los tiques se deja de aplicar a partir de hoy. Las empresas de transporte modificaban ayer su software para que hoy los precios estén ya actualizados.
El presidente, Vicent Serra, comunicó en persona a la alcaldesa de Vila, Pilar Marí, la fecha escogida para que los autocares regresen a la calle. Fue en una reunión de casi dos horas en el Consell, que no fue anunciada a los medios de comunicación y en la que también estuvieron el vicepresidente, Mariano Juan, la consellera de Movilidad, Pepa Costa, la de Participación Ciudadana, Carmen Domínguez, y el concejal de Movilidad, Juan Mayans. El vicepresidente dijo, en un primer momento, que desconocía a qué se debía la presencia de Domínguez, aunque reconoció que podía ser por el hecho de que también sea «la presidenta del PP de Vila», lo que denota que el conflicto institucional también se ha trasladado al seno del partido, tal como confirmó hace unos días a este periódico el líder del sector crítico de la formación, José Sala.
La alcaldesa insistió en defender el Cetis y en oponerse a que los autobuses salgan a la calle. Mariano Juan reconoció que la alcaldesa planteó la posibilidad de solicitar en el juzgado la suspensión cautelar de la salida de los autobuses, aunque, según el vicepresidente, Marí dijo que lo tenía que «consultar» con sus servicios técnicos.
El Consell prevé que el equipo de gobierno de Vila no se quedará de brazos cruzados y que buscará una vía para tratar de impedir que se fuerce el cierre de la terminal. «No sé qué harán», dijo no obstante Juan, quien, en todo caso, advirtió de que las tarifas han sido suspendidas y que, por tanto, en el caso hipotético de que Vila lograra impedir la salida del Cetis, «el Ayuntamiento tendría que hacerse cargo del coste de las tarifas (3.000 euros diarios)», afirmó.
Revisión de la concesión
En este sentido, el vicepresidente indicó que por parte del Consell «no hay problema» en seguir en el Cetis siempre y cuando el Ayuntamiento se haga cargo de la carga económica que implica. De hecho, si el Consell se viera obligado a seguir en la estación, reclamaría a Vila el pago de los costes. Juan también considera que Vila comete «un error» al negarse a revisar de oficio la concesión de la terminal, puesto que si defiende su legalidad da pie a que la Sociedad Gestora Cetis reclame una millonaria indemnización (ver página 4).
Por su parte, la alcaldesa se limitó a explicar a este periódico al término de la reunión que hay que «respetar» los argumentos que esgrime cada institución y que se ha de actuar «en consecuencia» con «la responsabilidad» que ostenta cada una. Descartó que se pueda negociar con el Consell una rebaja de las tarifas para desbloquear la situación, puesto que «hay un concesionario en medio». «No depende de nosotros. No es un tema que se pueda solucionar entre instituciones, no es estrictamente político. La voluntad política es la mejor, pero los temas técnicos y las sentencias se han de respetar», dijo.
Asimismo, el Consell Executiu acordó que se haga un estudio técnico sobre las condiciones físicas de la estación en el que se especifique qué medidas se pueden adoptar para «garantizar su correcta operatividad y seguridad».
