El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma ha emitido un auto en el que, finalmente, se autoriza al Ayuntamiento de Sant Josep a entrar en la mansión edificada ilegalmente en la cima de Puig d’en Serra, cerca de es Cubells, para proceder, en el plazo de quince días, a su derribo y dar cumplimiento así a la sentencia que hace nueve años declaró ilegal la licencia y ordenó la demolición de todo lo construido.
El Ayuntamiento de Sant Josep confirmó ayer, a través de un comunicado, que los abogados de la Corporación «han recibido ya el auto que autoriza al Ayuntamiento la entrada en el inmueble sito en Puig d’en Serra a fin de llevar a cabo las medidas necesarias para el restablecimiento de la legalidad urbanística, incluyendo la demolición de las obras realizadas». La misma nota afirma que el Consistorio no ha recibido aún la notificación oficial, aunque probablemente eso no tardará en suceder.
El auto establece que dicha entrada en la propiedad afectada «deberá efectuarse dentro del plazo de quince días a contar desde el siguiente a la notificación de esta resolución», informó el Ayuntamiento.
El concejal de Urbanismo, Javier Marí, explicó que, pese a no haber recibido aún oficialmente el auto, «ya se está trabajando para coordinar la entrada en el domicilio con la empresa adjudicataria de los trabajos de derribo».
Estos trabajos fueron ya adjudicados a una compañía especializada durante el anterior mandato municipal, pero quedaron paralizados al quedar bloqueado el proceso judicial.
En suelo protegido
Esta obra, de más de 300 metros cuadrados de superficie y situada en la segunda cumbre más alta de la isla de Ibiza, fue construida en 1992 gracias a una licencia otorgada por el entonces alcalde, José Serra Escandell, a pesar de tener informes técnicos y jurídicos contrarios a ese permiso, pues el terreno estaba declarado como inedificable tanto por la Ley de Espacios Naturales (LEN) como por las propias Normas Subsidiarias del Ayuntamiento.
La propiedad ha tratado de impedir el derribo mediante la interposición de sucesivos recursos judiciales, pero el concejal Javier Marí confirmó que con el auto ahora emitido se agotan ya todas las posibilidades de salvar esta mansión, que quedará reducida a escombros antes de que termine el año.
Ecologistas: El GEN se personó en julio en la causa para reactivar el derribo
Hace ahora 17 años los ecologistas del GEN presentaron la primera denuncia contra esta edificación, con resultados aparentemente nulos. Sin embargo, después de múltiples vicisitudes administrativas y judiciales, el GEN está a punto de conseguir la demolición de su segunda mansión ilegal en el corto espacio de cuatro años, después de la de Michael Cretu. Además, el GEN también parece estar detrás del desbloqueo de las diligencias judiciales para permitir la entrada de las excavadoras en la finca, puesto que este grupo se personó en la causa el pasado mes de julio para pedir la ejecución de la sentencia de demolición «y que deje de burlarse la ley», afirmó entonces este colectivo. Ha sido justo después de ese acto cuando el juzgado ha emitido su primera decisión en varios años. El GEN había advertido de que si no se reactivaba «inmediatamente» el proceso, pediría «las sanciones necesarias contra los responsables políticos hasta que la demolición se lleve a cabo de forma definitiva». Estas sanciones, recordaba el GEN, podían ser incluso de carácter penal, tal y como prevé la ley.
