­Carlos tiene nueve años y es autista. Es uno de los alumnos de las llamadas aulas UEECO (Unidad de Educación Especial en Centro Ordinario) en las que se escolariza a niños con necesidades especiales. Él es alumno del colegio Sa Blanca Dona. Su madre, Marieta Fernández, ha denunciado, junto a otros progenitores y algunos de los docentes que atienden a este tipo de alumnos, que este curso se han quedado sin transporte adaptado para poder realizar actividades como natación, equitación, visitas al aula multisensorial o, simplemente, aprender a hacer la compra.

Insisten en que estas salidas constituyen una parte fundamental de la formación de los niños con discapacidades graves «que nunca van a aprender a leer, escribir ni multiplicar», pero que necesitan vivir experiencias que sus familias no pueden proporcionarles, entrar en contacto con otras personas y aprender, por ejemplo, a atarse los zapatos y vestirse después de realizar ejercicios en la piscina.

Carlos tiene suerte: su cole está al lado de las piscinas de es Raspallar y puede ir a natación caminando, aunque ha dejado de hacer otras cosas. «El año pasado ya redujeron el número de salidas. Recuerdo que fueron a la feria medieval. Hacer algo fuera de esas cuatro paredes en las que están es una terapia buenísima», apunta su madre. Advierte de que tanto su hijo como el resto de chicos con necesidades especiales «tienen un retraso madurativo muy importante». En el caso de Carlos, insiste en que necesita «una sombra», alguien que le vigile, constantemente «porque no ve el peligro». Considera que estos chicos deberían tener un centro específico que les ofrezca lo que necesitan, «como los tienen en Mallorca y en Menorca». Subraya la importancia de las actividades fuera del aula para los menores con discapacidad: «Son niños que lo disfrutan todo muchísimo. Solo montar en autobús, aunque sea para ir a almorzar al paseo de Vara de Rey, es como una fiesta para ellos».

Elena Ribas, la tutora del aula UEECO del IES Santa Maria, explica que hasta el curso pasado Cruz Roja proporcionaba el microbús que los niños en silla de ruedas y los que padecen distintos síndromes necesitan para desplazarse fuera del centro. Este año la organización se ocupa de recoger a los chicos en sus casas para llevarlos a los centros educativos y devolverlos una vez finalizan las horas lectivas. Eso es lo que contempla el convenio firmado con la conselleria de Educación, pero las excursiones no están contempladas, ni este año ni los anteriores. Enrique Climent, presidente de Cruz Roja en Ibiza, señala que la ONG asumía este servicio con cargo a sus propios fondos y tirando de las subvenciones recibidas. Esas subvenciones son cada vez menos y Climent asegura que, aunque dispone del vehículo y el personal necesario para realizar estas salidas, no tiene dinero para pagar a los trabajadores, por lo que el microbús adaptado no opera entre las 9 y las 14 horas.

«Llevamos dos meses sin piscina», señala Ribas, quien asegura que al menos siete centros educativos de Ibiza y 35 alumnos con discapacidad se han visto afectados por la restricción del transporte adaptado. En los colegios Sa Blanca Dona y Portal Nou, así como en el instituto Sa Blanca Dona realizaban tres excursiones cada año, una por trimestre escolar. En el IES Isidor Macabich, donde hay alumnos discapacitados que cursan un módulo del área de Hostelería, había salidas al supermercado todos los lunes para hacer la compra de productos con los que los chicos trabajaban después el resto de la semana. En los institutos Sa Colomina y Santa Maria tenían salidas semanales a la piscina, una visita trimestral al aula multisensorial de Can Raspalls y seis excursiones anuales (una por trimestre y centro). Finalmente en el colegio Sant Ciriac, de Santa Eulària, donde hay otros dos alumnos de aula UEECO que utilizan silla de ruedas, Cruz Roja se encargaba de facilitar otras tres excursiones por curso, además de los traslados a la piscina y a Sant Josep, donde los niños se beneficiaban de la equinoterapia.

Los profesores de estos chicos y las madres denunciantes agradecen a Cruz Roja que haya realizado esta labor durante años, pero consideran que, si la ONG ha dejado de prestar el servicio, corresponde a la conselleria de Educación garantizar que estos jóvenes cuenten con los recursos necesarios.

Belén Torres, delegada de Educación en Ibiza, asegura que la obligación de la conselleria es garantizar el transporte de los estudiantes hasta los colegios e institutos, pero que nunca las actividades complementarias que se puedan realizar han sido competencia suya, ni en el caso de los alumnos con necesidades especiales ni tampoco para el resto de escolares. Alertada por las madres sobre la situación actual, Torres asegura que contactó con Cruz Roja y que ha puesto en contacto a esta organización con el Consell de Ibiza, «que está a la espera de que se le presente un presupuesto, con el número de niños a los que se atiende y el tipo de actividades que hacen, para intentar ver quién puede asumirlo».

¿Necesidad educativa o social?

Torres insiste en que las prestaciones que estas familias reclaman exceden las competencias educativas y se aproximan más a las sociales, por lo que entiende que son «otros estamentos» (Consell o ayuntamientos) los que deben proporcionar estos recursos. «Sé que estos niños son una población más sensible y todos hemos de colaborar, pero tampoco la conselleria proporciona los recursos a un niño de Sant Joan para bajar a Ibiza y poder asistir a un concierto», argumenta y añade que hay otras formas, «a través del Consell, de las apimas o de empresas privadas», para completar las necesidades de estos alumnos.

Sin embargo, las madres y los profesionales que trabajan con este colectivo creen que recurrir a la caridad de fundaciones privadas no es lo adecuado y que debería ser la conselleria la que asumiera lo que entienden como gastos educativos. «Te obligan a llevar a los niños al colegio porque tienen que estar escolarizados, pero luego no se preocupan de tenerlos ocupados», lamenta Nieves Torres, la madre de Ninamusha, una cariñosa niña de 13 años diagnosticada de síndrome de Sotos. «Si estos niños ya tienen una vida difícil se la hacen todavía más», denuncia. «He puesto en conocimiento del Consell esta problemática social. No ha habido un recorte de la conselleria para quitarles este servicio, porque tampoco se lo daba antes», insiste Torres. «Viendo el problema que hay, habrá que estudiar por qué se ha producido y cómo se puede solventar», concluye la delegada.

El presidente de Cruz Roja afirma que el servicio que se ha dejado de prestar está presupuestado en más de 17.000 euros, que la entidad no tiene dinero para asumirlo, pero que si cualquier institución abona esa cuantía se reanudarán los traslados de inmediato. «Antes lo asumíamos con fondos propios, no había tantos recortes como ahora. A los trabajadores se les han recortado muchas horas. El año pasado podían vivir con lo contratado por Educación, pero lo que hemos conveniado ahora no nos da. Tengo los medios, pero no puedo obligar a nadie a trabajar sin cobrar», indicó Climent, que se muestra dispuesto «a pagar hasta la gasolina» pero sostiene que Cruz Roja no puede hacerse cargo de las nóminas del personal necesario para prestar este servicio.

«Cruz Roja no crea: vive de las subvenciones. Si nos las dan, podemos ayudar. Si nos dan alimentos, los repartimos. Cruz Roja no se queda nada; si le llega, da», sentencia. En algunos casos, los centros educativos han pagado de sus cajas el coste de algunas salidas, como la realizada el mes pasado a Can Caus por los alumnos de Sa Colomina y Santa Maria. Elena Ribas defiende que esta no es la solución: «Tenemos una partida en el centro para el aula UEECO, pero si la utilizamos para pagar salidas no tendremos luego para materiales».