La comunidad educativa expresa hoy en todo el país su rechazo total a Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), un rechazo sin muchos matices y en el que coinciden la mayoría de las partes implicadas en el acto de educar: padres, profesores (de todos los sindicatos y de casi todas las especialidades), directores, pedagogos, académicos y patronales concertadas (incluyendo católicas). El sector educativo está llamado hoy a una huelga que se prevé masiva (tanto en pública como en concertada) y en la que Balears, aseguran los convocantes, tiene un papel protagonista tras haber encadenado hasta tres semanas de paro laboral en la enseñanza.
En Balears, STEI-i, CCOO, FETE-UGT, ANPE, USO y la Assamblea de Docents animan a sus afiliados a unirse a la protesta ante una ley que consideran segregadora, retrógrada, con una concepción mercantilista y un espíritu recentralizador de las competencias. Una reforma que, y esto es lo más criticado por prácticamente todas las partes, se ha diseñado "sin ningún tipo de consenso". Otro lamento unánime: que sea la séptima ley educativa en 35 años.
Los sindicatos vinculan la protesta de hoy, que se visualizará en forma de concentración a las doce frente a Educación y a las seis de la tarde en el Born, con la que llevaron a cabo los profesores isleños este inicio de curso: "Balears es el campo de pruebas de la LOMCE", ha sostenido desde el principio Biel Caldentey, secretario general del STEI-i, que considera la ley Wert como una "contrarreforma" que recentralizará los contenidos con las reválidas que se encargará de diseñar Madrid.
Desde FETE-UGT se señala otro puntos clave: la LOMCE es "discriminatoria" y perjudicará "a los más débiles" ya que según aseguran la distribución de los recursos a los centros se hará en función de sus resultados. Otra de las críticas en las que ha insistido mucho el portavoz de Educación de CC OO, Toni Baos, es que la ley no parte de una base científica sino de "principios mercantilistas". Para Antoni Martorell, presidente de ANPE, la LOMCE además es "nefasta" para las "condiciones laborales del profesorado".
El hecho de que el castellano se fije como lengua vehicular para todo el Estado también ha sido criticado por los sindicatos, que reiteran que el catalán aún no ha llegado a una situación normalizada. La ´bajada de categoría´ del catalán (que no es asignatura troncal) también ha sido rechazada por asociaciones de directores, patronales como Cooperatives d´Ensenyament o el departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas de la Universitat, que ayer en un comunicado recordó que se ha de velar por la diversidad lingüística. Los académicos además censuraron la falta de bases científicas sólidas y advirtieron de que aplicar una reforma así sin recursos "puede empeorar la calidad de la enseñanza".
El sindicato USO también repudia el modo en que el Ministerio ha diseñado la ley (sin tener en cuenta ninguna opinión del sector), además de rechazar aspectos de la ley en sí, como la confusa distribución de competencias entre administraciones y "un nuevo plan de estudios que empobrece áreas que consideramos esenciales". Precisamente ésa es la queja que enarbolan los profesores especialistas de áreas como Tecnología, Filosofía o Economía.
Desde la federación de asociaciones de Padres FAPA-COAPA, reprochan especialmente la reducción de la participación efectiva de los consejos escolares, que quedan "vacíos" y sin margen de actuación.
A la concertada tampoco le entusiasma la reforma, aunque se haya dicho que le otorga muchas concesiones. Bernat Alemany, presidente de Escola Católica, reprobó que la ley habla de la concertada como un red "subsidiaria" y no "complementaria" de la pública. Censura además que no asegura el concierto a un centro aunque tenga demanda.
