Los representantes de los sindicatos se han levantado de la mesa sectorial convocada por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para intentar detener la convocatoria de huelga, por lo que ambas partes han dado por roto el diálogo y se prevé que el paro de docentes empiece el lunes.
Después de una hora y media de reunión, los sindicatos convocantes (STEI-i y CCOO) han reprochado a la Conselleria que no haya presentado ninguna propuesta que pueda evitar la huelga y se han levantado de la mesa, mientras la administración ha acusado a los representantes de los trabajadores de no entrar en razón.
El departamento autonómico se ha comprometido a plantear a los sindicatos un calendario de reuniones para los próximos días.
Los sindicatos habían fijado como "requisitos mínimos" para negociar si desconvocaban la huelga el aplazamiento de la aplicación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) y que se paralizaran las medidas cautelares contra los tres directores de Mahón a quienes se ha abierto un expediente disciplinario por esta cuestión.
De ninguna de las dos reivindicaciones se ha hablado, según ha explicado el secretario general del STEI-i, Biel Caldentey.
Caldentey ha acusado a los responsables de la Conselleria de haber realizado "un ejercicio cínico para trasladar a la opinión pública que había una negociación" cuando no ha sido así. "El día 16 será una huelga muy potente", ha augurado.
"No ha habido más que palabras y ninguna propuesta en papel de la Conselleria que podamos trasladar a los trabajadores para que puedan decidir si quieren o no continuar la huelga, de manera que sigue en pie más que nunca", ha añadido el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Baleares, Toni Baos.
Servicios mínimos
Ha anunciado además que los dos sindicatos han impugnado los servicios mínimos por entender que atentan contra el derecho de huelga y que es irregular que la Conselleria ordene a los directores que sean ellos quienes fijen qué docentes formarán parte del porcentaje de entre el 20 y el 30 % de docentes que deberá trabajar, cuando "ellos mismos son servicios mínimos en esa huelga".
Los representantes del STEI-i y CCOO han coincidido en recalcar que consideran que la aplicación del TIL está suspendida desde que el pasado viernes el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares así lo dictara en un auto, porque la Conselleria no ha dado instrucciones por escrito a los equipos directivos de que lo suspendido sea válido.
"Los trabajadores acataremos el auto", ha afirmado Baos, que ha anunciado que los dos sindicatos denunciarán mañana a la Conselleria ante la Fiscalía por entender que "ha habido prevaricación y desobediencia" por haber intentando "saltarse el auto" mediante un decreto ley aprobado de forma extraordinaria.
Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Cultura y Universidades, Guillem Estarellas, ha explicado que la Conselleria no está dispuesta a aplazar la puesta en marcha del TIL este curso, pero sí ha planteado hacer un nuevo calendario de aplicación para los cursos siguientes y negociarlo con la comunidad educativa.
Expedientes disciplinarios
Además la Conselleria ha pedido al instructor de los expedientes disciplinarios contra los directores de institutos de Mahón "la máxima celeridad" para que los resuelva cuanto antes.
Otra propuesta de la Conselleria ha sido hablar de retribuciones como las bajas por maternidad o jubilaciones, negociar un nuevo pacto de interinidad, así como las mejores plantillas para catalogar las plazas del TIL a largo plazo "para que ningún docente pierda su plaza y haya estabilidad laboral mientras se vayan preparando en el conocimiento del inglés", ha dicho Estarellas.
La Conselleria también "ha puesto sobre la mesa la convocatoria de oposiciones para poder negociarla con los sindicatos y poder llevar a buen término las plazas que puedan salir a final de curso".
Sobre las crítica de los sindicatos de que hayan sido convocados todos y no solo los convocantes que son los habilitados para detener la huelga, Estarellas ha defendido que se ha hecho porque "la comunidad educativa está representada por todos los sindicatos" y la Conselleria debía "hablar con todos" por responsabilidad.
