La conselleria balear de Educación impondrá el Decreto de Tratamiento Integral de Lenguas (TIL) a pesar de la suspensión cautelar dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que ha esquivado con un nuevo decreto aprobado en apenas un par de horas. La suspensión del TSJB afectaba al anexo del decreto, el documento que establece el calendario y las formas en las que se pondrá en marcha el proyecto tras un recurso presentado por los sindicatos STEI, CCOO y UGT hasta que el tribunal decida sobre el TIL en su totalidad.
El auto del TSJB se muestra favorable al trilingüismo -«un sistema educativo donde se permita que los alumnos o educandos obtengan más amplios, más diversos y más profundos conocimientos lingüísticos constituye un objetivo que beneficia no solo a la sociedad en general, sino en mayor medida al futuro de nuestros niños y jóvenes»- pero destaca que «el fin no justifica los medios». El tribunal señala que el «borrador o proyecto informado por el Consejo Escolar, por el Consell Consultiu y sometido a negociación colectiva, no incluía siquiera una alusión acerca de cómo se iba a implantar el TIL» y que el calendario lo estableció únicamente el director general de Planificación, Infraestructuras y Recursos Humanos, Guillem Estarellas. En este sentido, el auto recuerda que ni el Consell Consultiu ni el Consejo Escolar pudieron opinar «sobre los marcos temporales para presentar los proyectos TIL, para implantar los mismos en cada una de las etapas educativas ni tampoco el plazo máximo».
Un «fraude»
El documento judicial considera que introducir este anexo en el proyecto presentado para su votación en el Consell de Govern sin someterlo a los informes que establece la ley «implica un fraude». Además, recuerda que el anexo al TIL no se ha sometido «a negociación colectiva cuando de forma evidente afecta al estatuto de los empleados públicos de la enseñanza» y hace hincapié en que la manera en la que se ha aprobado este calendario de aplicación omite «de forma total y absoluta el procedimiento recogido en la propia Ley Balear del Gobierno».
La consellera balear de Educación, Joana Maria Camps, quitó importancia a la suspensión cautelar ordenada por el TSJB e insistió en que afecta «a una cuestión meramente procedimental» y anunció que el Govern ha optado por un nuevo decreto para mantener la aplicación del TIL en los plazos previstos, es decir, este mismo curso y en contra de la opinión de la comunidad educativa. Camps explicó que se ha optado por esta vía porque un decreto ley no requiere consulta alguna con ningún órgano de asesoramiento y participación. Así, la conselleria incurre, para mantener la puesta en marcha del trilingüismo a partir del próximo viernes, en los mismos defectos de forma que han causado la suspensión cautelar del TIL.
Repetir la asignación de interinos
A pesar de esto, Camps aseguró en una rueda de prensa que con esta medida el Govern no pretende burlar la decisión judicial y calificó de «errores procedimentales» los motivos por los que el tribunal ha suspendido cautelarmente la aplicación del conocido como decreto de trilingüismo. La consellera explicó que con este nuevo decreto se pretende que el curso arranque como estaba programado para evitar perjuicios y que ha sido «necesario» para no tener que repetir el proceso de asignación de plazas de los interinos, que ha afectado a casi 7.800 aspirantes en Balears. Precisamente el portavoz de Comisiones Obreras, Toni Baos, señaló ayer la intención del sindicato de impugnar este proceso ya que docentes con más puntos se han quedado sin trabajo porque se asignaron los puestos a profesores con menos puntos pero que tenían el nivel B2 de inglés. «Resultaría materialmente imposible reconducir, y mucho menos repetir, este proceso para adecuarlo a una nueva realidad marcada por la suspensión del calendario de aplicación del decreto», señala la conselleria en un comunicado.
El TSJB no ha obviado este hecho en su escrito (aprobado con el acuerdo de todos los magistrados excepto uno), en el que reconoce que la suspensión, tan cercana al inicio de curso, «produce perjuicios para la comunidad educativa». Sin embargo, justifica que «mayores y más graves daños se derivan del mantenimiento de la aplicación del anexo y de sus actos de aplicación, ante la apariencia de su nulidad, ya que conllevaría un grave quebranto a los pilares del Estado de Derecho».
En el propio nuevo decreto la conselleria reconoce que la primera orden «adolecía de soluciones para dar respuesta a situaciones particulares».
Tras conocer la suspensión cautelar del calendario de aplicación del TIL y la insistencia del Govern balear en mantener su puesta en marcha el primer día de curso con un nuevo decreto ley, los sindicatos educativos exigieron la dimisión de la consellera, Joana Maria Camps.
