La Plataforma por la Convivencia presentará una queja ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, por el elevado número de denegaciones de nacionalidad española que se están dando a inmigrantes en las Pitiusas. En dos meses se dieron más de cien resoluciones de nacionalidad denegada, aseguró Alda Yurramendi, coordinadora de la Plataforma por la Convivencia de Ibiza, ayer en rueda de prensa. Ya en 2008, presentaron una queja por la mala disposición que había en el Registro Civil hacia los inmigrantes que solicitaban la nacionalidad española.
Las resoluciones siguen un mismo patrón, en el que «se cambian el nombre y los datos» y se establece que se niega la nacionalidad porque el solicitante tiene los penales caducados o porque «no está integrado» en la sociedad española, explicó Yurramendi. En la queja que presentará la Plataforma por la Convivencia, explicitarán que «no es lógico» que se estén dando tantas respuestas negativas. La portavoz de la organización cree que el criterio por el que se determina si se otorga la nacionalidad española «no es objetivo» y que el elevado número de solicitudes denegadas es un fenómeno que «se está dando principalmente aquí», en Ibiza y Formentera. Según Yurramendi, en 2001 y 2002 hubo «una gran llegada» de inmigrantes latinoamericanos, «especialmente argentinos» que «siguen en la isla» y solicitaron la nacionalidad española «alrededor de 2008» para recibir ahora, «cinco años después», una denegación de esta. La presidenta de la plataforma denunció que «tras diez o doce años, difícilmente no estarán integrados» como establecen las resoluciones.
Tiempo y dinero
Además, desde la Plataforma por la Convivencia se denunció que los trámites de la resolución de nacionalidad española en las Pitiusas sean tan lentos, «tardando entre cuatro y cinco años» en dar respuesta, según explicó Yurramendi. Karim Chergui, de la Asociación de Mujeres Marroquíes, reiteró que «en otros lugares de España se da en menos tiempo», y Flora Pávez, de la Asociación de Chilenos, aseguró que en otros países de la Unión Europea el proceso de resolución de la petición de nacionalidad es «mucho más rápido».
Hugo Mori, presidente de la Asociación de Paraguayos, añadió que, además del tiempo que conlleva la solicitud de nacionalidad, los trámites cuestan «por lo menos 250 o 300 euros». A esto, Chergui agregó que, en el caso de las personas que no son de países hispanos, hay unos «gastos de traducción», ya que tanto el certificado de nacimiento como los antecedentes penales se han de traducir. La portavoz de la Asociación de Mujeres Marroquíes aseguró que estas traducciones y todos los trámites «cuestan más de 300 euros».
Mohamed Eddars, vicepresidente de la Asociación Marroquí El Mediterráneo, aprovechó la ocasión para manifestar que hay mucho inmigrante que quiere aprender castellano, «pero no hay plazas en las escuelas de adulto», por lo que cuestionó: «¿cómo se puede practicar una política de integración cuando el gobierno no ayuda?».
Penales caducados y falta de integración
Para establecer si una persona está integrada o no en la sociedad española, se le hacen ciertas preguntas sobre la política, la cultura y la gastronomía tanto nacional y autonómica como local. Si acierta un número elevado de estas, se considera que está suficientemente integrado como para recibir la nacionalidad. Por otro lado, cuando un inmigrante solicita la nacionalidad, se requiere que presente una serie de documentos, entre ellos los antecedentes penales de su país de origen, afirmó Alda Yurramendi, coordinadora de la Plataforma por la Convivencia. Además, añadió que este documento «tiene una caducidad de tres meses» y que tarda «un mes o mes y medio» en llegar «por correo normal» y después tienen que enviarlo a Madrid antes de los tres meses y si está caducado al llegar, como cualquier otro de los documentos que se requieren, se le niega la nacionalidad.
