La sala de vacaciones de la Audiencia Provincial confirmó ayer la situación de prisión provisional para el exconseller de Comercio del Govern de Jaume Matas, José Juan Cardona, condenado a finales del mes pasado a 16 años de cárcel por uno de los mayores casos de corrupción política de Balears. Uno de los magistrados de la sala de vacaciones, la jueza Ana María Cameselle, emitió un voto particular en favor de la libertad provisional de Cardona, pero la mayoría restante destacó en su auto el elevado riesgo de fuga del político ibicenco.

Cardona ingresó en la prisión de Ibiza el pasado 30 de julio por orden de la sección primera de la Audiencia que, horas antes, le había impuesto una condena de 16 años de cárcel y el pago de una indemnización millonaria al Govern. Cameselle formó parte del tribunal que condenó y encarceló al exconseller.

Miguel Arbona, letrado del expresidente del PP de las Pitiüses, argumentó que su cliente no se iba a escapar de España y añadió que era una persona con gran arraigo en Balears y con cargas familiares, como el cuidado de su madre de 79 años.

La Audiencia reconoció que el condenado dispone de arraigo en Ibiza y Mallorca, pero no estimó suficientes estos lazos para minimizar la posibilidad de que intentara huir. Juan Cardona va a recurrir la sentencia, que no el auto de prisión, ante el Tribunal Supremo y mantenía que, en tanto su condena no fuera firme, no había necesidad de entrar en prisión para empezar a cumplirla.

Por las elevadas penas

La sección primera fundamentó la medida en las elevadas penas que habían sido impuestas al expolítico conservador, considerado el líder de un entramado que, entre 2003 y 2007, se dedicó a saquear las arcas del consorcio público Cdeib, dedicado a fomentar la industria y el comercio insulares y presidido por el propio Cardona.

El exconseller fue declarado culpable de un delito de asociación ilícita, al estimar las magistradas de la sala primera que había expoliado el Cdeib de forma organizada con sus principales subordinados y con un grupo de empresarios afines.

La sentencia dio por probado que los proveedores del Govern se dedicaron a pagar sobornos al conseller Cardona, el ex director general de Comercio, Kurt Viaene, y la exgerente del consorcio Cdeib, Antònia Ordinas. Estos dos últimos también han entrado en prisión a petición propia para cumplir cuanto antes sus condenas, reducidas debido a su colaboración con la Justicia.

Cardona fue sentenciado a 3 años por la asociación ilícita; casi 6 años (5,5) por los sobornos recibidos de los empresarios; y otros 7,5 años por desviar cientos de miles de euros públicos.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó su encarcelamiento y argumentó que el expolítico tejió en su día una amplia red de contactos en el extranjero (Alemania, China, Estados Unidos, etc), con los que hizo negocios y que podrían ayudarle a iniciar una nueva vida lejos de España.

El tribunal asumió esas alegaciones y también puso el énfasis en recordar que «gran parte del dinero recibido por Cardona no ha sido hallado».

Esta fortuna oculta podría también facilitar una huida del antiguo político del PP pitiuso y balear.

El auto de ingreso en prisión fue recurrido en súplica por Miguel Arbona ante la sala de vacaciones, que ayer confirmó la decisión del 30 de julio, una medida que era esperada en medios jurídicos de las islas.

Voto particular: Una magistrada opina que el expolítico puede seguir libre sin fianza

La juez Ana María Cameselle Montis, componente del tribunal que condenó y envió a prisión al exconseller José Juan Cardona a finales de julio, ha cambiado de opinión en su condición de miembro de la sala de vacaciones de la Audiencia Provincial. Cameselle se ha dejado convencer por los argumentos del abogado expolítico Miguel Arbona y sostiene que Cardona podría seguir en libertad sin fianza, en tanto el Tribunal Supremo se pronuncia sobre su recurso de casación. La posibilidad de poner al expresidente del PP de las Pitiusas una elevada fianza que redujera las probabilidades de su fuga se planteó durante la vistilla celebrada el pasado 30 de julio. Sin embargo, el propio exconseller reconoció ante el tribunal que su fortuna está muy menguada, puesto que sus bienes permanecen embargados por este proceso y, alejado de la política, sus únicos ingresos provienen de su despacho profesional de abogado, que no pasa un período boyante debido al mismo caso judicial.