Una investigación iniciada en Ibiza en 2008 y que se ha extendido a Madrid y Algeciras ha acabado con la detención, en esta segunda fase, de 76 personas y la imputación sin arresto de otras 84 por haber participado en un entramado de empresas ficticias que, por cantidades que oscilaban entre 300 y 500 euros, proporcionaba falsos contratos de trabajo a inmigrantes, que después, con esos documentos, tramitaban permisos de residencia en España y subsidios de desempleo. En la isla, la trama llegó a crear una decena de empresas, principalmente de transportes y limpieza. El seguimiento del que figuraba como propietario derivó en esa primera operación en 2008, en la que la Ucrif (Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación) de la comisaría ibicenca detuvo a casi una treintena de personas.
En esta última fase, para desarticular la trama ha intervenido la sección de investigación de la Seguridad Social de la UDEF central, que envió un equipo a la isla durante cinco días para efectuar la mayor parte de las detenciones.
En las pesquisas también ha jugado un papel muy relevante la Inspección de Trabajo de Ibiza.
El epicentro de la investigación ha sido el barrio de ses Figueretes y su primer y principal objetivo el marroquí nacionalizado español Ahmed El Abbas, arrestado por la Ucrif ibicenca en la primera operación sin que, hasta el momento, la Justicia lo haya sentado en el banquillo de los acusados. En libertad con cargos, se halla en paradero desconocido, en situación de búsqueda y captura. Hace ahora justo un año, El Abbas se presentó ante la Inspección de Trabajo en Madrid y aseguró haber olvidado que tenía en marcha varias empresas, según explicaron ayer en rueda de prensa el comisario jefe de la Brigada Central de Delincuencia Económica, José Luis Andrade, y el inspector jefe de la Sección de Investigación de la Comisaría General de la Policía Judicial, Miguel Ángel Gómez.
Confían en que esté en España
Sin embargo, después de esa declaración en Trabajo, el principal implicado en este caso no volvió a presentarse a ninguno de los requerimientos que se le han hecho. Y aunque algunas informaciones obtenidas por los agentes apuntan a que podría haber abandonado España, los investigadores confían en que no haya podido pasar aún a Marruecos y en poder apresarlo en los próximos días.
Ahmed El Abbas se dedicaba ya en 2008, según la investigación de los agentes, a expender certificados de empadronamiento, de centros de organismos educativos, contratos de trabajo y certificados del consorcio de Transportes de Madrid con los que compatriotas suyos podían demostrar haber residido durante tres años en municipios de Madrid, antes de trasladarse a Ibiza. De esta forma, podían obtener la residencia a través del arraigo social. El Abbas usaba como centro de operaciones la carnicería que regentaba en ses Figueretes y que fue su primera tapadera. Curiosamente, en esos primeros años del negocio, los documentos falsos eran vendidos por entre 1.500 y 3.000 euros, pero en los últimos meses, al parecer, había reducido el importe de sus servicios.
Abonos de transporte falsos
También vendía falsas inscripciones a cursos en Madrid y abonos de transporte que se usaban como certificaciones para intentar probar el tiempo que los inmigrantes residían en España. Incluso se usaron falsas certificaciones de que algunos inmigrantes habían sido beneficiarios de Cáritas Madrid.
Los agentes de la Ucrif lo detuvieron junto a más de una veintena de compradores de los documentos falsos, pero quedó en libertad tras pagar una fianza de 12.000 euros. Y ello a pesar de que había intentado huir de la acción de la Justicia y, cuando el caso se destapó, fue apresado en Algeciras mientras huía camino de Marruecos.
La Policía, tras su puesta en libertad, siguió pendiente de sus movimientos, convencida de que seguiría con su actividad delictiva. Al parecer, y siempre según se desprende de la investigación, el marroquí reorganizó las empresas ficticias y trasladó buena parte de su actividad a Madrid, donde también abrió una carnicería y al mismo tiempo que pretendía establecerse en Algeciras, donde el número de potenciales clientes para sus falsos documentos podría ser mayor. Tales actividades, concretamente una de las carnicerías de Ahmed, en El Molar, llamaron la atención de la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid, que alertó a la Policía para que investigara. En la carnicería trabajaban más de 30 empleados, algo inaudito para el pequeño negocio de barrio que era. Fue entonces cuando los agentes de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, comprobaron que el caso podía estar conectado con otra operación en Ibiza y que también había comenzado con una carnicería con más trabajadores de los que cabían detrás de su mostrador.
La Policía, que imputa a los implicados cargos por fraude a la Seguridad Social, falsedad documental y estafa, calcula que el perjuicio ocasionado al Estado alcanza la cifra de dos millones de euros, y que más de 500 inmigrantes, preferentemente magrebíes, se han visto beneficiados.
Hay que destacar que la documentación falsa también era usada para acceder a subsidios por desempleo, por lo que los organismos a los que se ha defraudado son tanto la Tesorería General de la Seguridad Social como el Servicio de Empleo Estatal.
De los 500 inmigrantes beneficiados, 180 habrían usado los documentos falsos para obtener alguna prestación. Y no hay que olvidar que a esos 500 inmigrantes habría que sumar los 300 que la Ucrif ibicenca calculó que se habían beneficiado en los primeros años de la investigación. Por ello, contando esa primera fase, la cantidad defraudada por la red se elevaría sustancialmente más allá de los dos millones calculados ahora.
Entre todas las personas citadas durante la investigación, en la que la mayor parte de los implicados se ha negado a declarar, se encuentran los cuatro sospechosos de haber colaborado con El Abbas en la gestión de las altas y las bajas falsas. Es muy probable que estos cuatro implicados actuaran de buena fe, lo que se deduce porque dejaron de trabajar en la red tras conocer las irregularidades que se cometían.
El tiempo transcurrido desde la primera fase de la investigación -que data de 2008- sin que el caso haya avanzado significativamente en los juzgados y cuando han pasado por el asunto al menos tres fiscales distintos, lleva a considerar la elevada probabilidad de que buena parte de los testigos e imputados en libertad que están citados no se presenten al juicio, ya que habrán abandonado el país, en gran medida por no haber podido obtener la residencia por el procedimiento legal.
