La alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui, ha firmado el decreto que obliga al traslado de las líneas de autobuses regulares que operan en la avenida Isidor Macabich a la nueva estación del Cetis. Mediante este decreto, firmado con fecha del 5 de junio, se acuerda que los autobuses deben operar en la estación del Cetis "como máximo el día 1 de julio de 2013".

También se establece prohibir la parada y estacionamiento de autobuses en la avenida Isidor Macabich, cuya parada queda eliminada a partir del 1 de julio. La nueva estación de autobuses del Cetis pasa así a ser la cabecera de todas las líneas.

Jáuregui ha firmado este decreto pese a que aseguró el día que anunció su dimisión que no iba a firmar ningún asunto de importancia, ya que era competencia de su sucesora.

La regidora ha enviado este viernes un comunicado en el que ha asegurado que "desde su llegada a la Alcaldía, el 11 de junio de 2011, hasta la fecha actual ha ido realizando todas las actuaciones necesarias tendentes para resolver el tema de la estación de autobuses del Cetis".

Entre esas medidas, la regidora ha destacado la verificación del "cumplimiento técnico y la viabilidad" de la estación del Cetis.

Asimismo, ha asegurado que ha intentado "bajar al máximo posible el régimen tarifario", tal y como consiguió al aprobar en el pleno del 28 de febrero de 2013 por mayoría el importe de tarifas en 5 euros.

Finalmente, la alcaldesa ha recordado que "realizados todos los trámites antes mencionados y constando en el expediente todos los informes necesarios en sentido favorable ha procedido a realizar el último trámite que faltaba por parte del Ayuntamiento", que es la firma del decreto.

El Consell de Ibiza, que ha conocido hoy la noticia de mano de la regidora, ha encargado un informe a sus servicios jurídicos para evaluar el decreto y si el órgano insular tiene capacidad para asumir el coste del cambio.

Esta firma se produce después de que el pasado 27 de mayo la Sociedad Gestora Cetis S.L. presentase una querella criminalquerellacriminal por los delitos de "prevaricación y realización arbitraria del propio derecho" contra la alcaldesa al no ordenar la apertura de la estación de autobuses.