La reforma de los consistorios, otro «hachazo» al Estado del bienestar

«Es una reforma frente y contra los ciudadanos», señaló Zarrías en la rueda de prensa realizada ayer por la mañana en la sede del PSOE de Ibiza con motivo de su visita a la isla para pronunciar, a las 19 horas, la conferencia ‘¿Qué pretende hacer el Gobierno con los ayuntamientos?’.

Zarrías explicó que en estos momentos las administraciones locales -incluidos los ayuntamientos, diputaciones, consells insulares y cabildos- se basan en una ley que data de 1985 que, comentó, «debe reformarse y actualizarse» conforme a la realidad del país.

«Decimos sí a la reforma, pero no a esta; sí a acercar a los ciudadanos a la prestación de los servicios, pero no como lo plantea [el PP], donde lo determinante es la rentabilidad económica frente a la rentabilidad social», manifestó el responsable socialista de Política Municipal.

Zarrías consideró que la reforma de la ley, aprobada en marzo por el Consejo de Ministros y que debe tramitarse todavía en el Congreso de los Diputados, supone que los ayuntamientos dejarán de prestar una serie de servicios básicos para los ciudadanos -incluidas cuestiones sobre ayuda a domicilio, educación o sanidad- que «quedarán en un limbo» ya que, en su opinión, «nunca» se ofrecerán.

Estos pasarán a las comunidades autónomas que, señaló, no tienen financiación, por lo que la solución final será dejar de prestarlos o privatizar. Pero, según los socialistas, deberían continuar en los consistorios, pues son los que «están a lado de la gente» y constituyen el lugar al que esta «acude». «Desde Ibiza, Sant Antoni u otro municipio siempre se podrá atender mejor a los ciudadanos que desde Mallorca», señaló a modo de ejemplo.

Para ahorrar, no hacer las cosas

Zarrías señaló además que la ley se basa «en una gran mentira», en la financiación y el ahorro de 7.000 millones de euros. Pero él aseguró que «la única forma de ahorrar es no hacer las cosas». «Y los ayuntamientos deben tener por encima de la rentabilidad económica, la social, porque si no estaremos ante una maquinaria obsoleta que no es lo que necesita nuestro país», agregó.

El secretario de Política Municipal del PSOE recordó que con esta norma se perderán entre 200.000 y 250.000 de los 550.000 empleos de la función pública que hay en estos momentos y que están ligados a la prestación directa de servicios a los ciudadanos, con las consiguientes «pérdidas de puestos de trabajo y deterioro en la prestación de servicios».

Con todo ello, avanzó que la postura de su partido pasa, en primer lugar, por pedir al Gobierno que dé la vuelta a sus planteamientos e inicie el diálogo. «Esta norma no puede ser impuesta sino fruto del consenso de todos», apuntó Zarrías, quien agregó que los ayuntamientos, diputaciones, consells insulares y cabildos están gobernados por distintas formaciones políticas. «Hay que buscar un punto intermedio», dijo.

En el caso de que dicha petición de diálogo no prospere, afirmó que su grupo presentará una enmienda a la totalidad a la ley en el Congreso de los diputados y que si a pesar de todo la norma «sale [del Parlamento] igual que entra», se plantearán formular el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional. «No podemos permitir que acaben con los ayuntamientos en un momento tan difícil como el que vivimos. Las administraciones más cercanas no pueden alejarse de los ciudadanos», subrayó.

Por su parte, el secretario general de la FSE-PSOE, Vicent Torres, encargado de presentar a Zarrías en la rueda de prensa, resaltó que su formación aún está esperando que el PP de Ibiza se pronuncie acerca de esta ley.

Torres criticó que Serra «no abra la boca, no diga nada» y le exigió que se empiece a mirar la normativa que se está preparando sobre la que ya le avanzó que los socialistas se opondrán «frontalmente» por perseguir tan solo recortes «en las administraciones públicas y los servicios que estas ofrecen».